A pesar de las apariencias, la libertad de prensa es muy frágil en esta isla-continente. La ley constitucional de Australia no contiene ninguna garantía en lo relativo a la libertad de expresión, sólo reconoce una “libertad implícita de comunicación política”. En junio de 2019 la policía federal registró la casa, en Canberra, de una periodista que cubre la fuente política y también las oficinas de la Australian Broadcasting Corporation (organismo de radiodifusión pública), lo que atenta contra el secreto de fuentes y contra una prensa que trabaja a favor del interés público. El motivo de estos registros fue la “seguridad nacional”, un pretexto instrumentalizado para intimidar a los periodistas de investigación. Los reporteros también deben enfrentarse a la ley contra la difamación, adoptada en 2018, que es una de las más duras (en esta materia) de los países democráticos liberales, así como a las leyes contra el terrorismo, que hacen casi imposible cubrir este tema de forma libre e independiente. A esto se suma la postura del primer ministro, Scott Morrison, escéptico respecto al cambio climático, cuyo gobierno tiende a impedir la cobertura periodística de ciertas cuestiones medioambientales. Estos obstáculos interpuestos al periodismo de investigación son aún más preocupantes si se considera que Australia posee uno de los paisajes mediáticos con mayor concentración del mundo. Dos mastodontes: el grupo News Corp de Rupert Murdoch y Nine Entertainment, heredero de un consorcio creado por la familia Packer, poseen casi todos los medios de comunicación privados, lo que afecta gravemente el pluralismo. Este modelo oligárquico, en el que los grupos se guían más por una lógica comercial que periodística –en la que prima la reducción de costos–, constituye otro obstáculo para la promoción de un periodismo de investigación y de interés público.
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