En Seychelles la pluralidad de la prensa y su financiamiento se ven limitados por el tamaño del archipiélago y su densidad de población. La autocensura –un reflejo de los periodistas tras pasar varias décadas bajo un régimen comunista que controlaba muy de cerca a la prensa– va disminuyendo poco a poco, dejando lugar a la diversidad de opiniones y a una mayor libertad editorial. Sin embargo, el gobierno aún controla el único canal de televisión del país y las dos estaciones de radio públicas. Los medios de comunicación privados a menudo están comprometidos políticamente y tienden a difundir información que no es objetiva. El gobierno busca ante todo proteger la imagen del país de paraíso turístico, por lo que es muy difícil abordar de manera crítica temas relacionados con este sector. La ley de acceso a la información aprobada en 2018 por la Asamblea Nacional no facilita el trabajo de los periodistas que investigan temas delicados, pues contempla numerosas restricciones; esto permite a los funcionarios no revelar información cuando la seguridad nacional o el modelo económico del país están en juego. El país también cuenta con estrictas leyes relativas a la difamación, pero éstas no han sido empleadas desde hace mucho tiempo y no se han registrado agresiones a periodistas.
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