Asia-Pacífico
Maldivas
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Clasificación 2022
87/180
Puntuación: 59.55
Indicador político
66
62.27
Indicador económico
111
38.27
Indicador legislativo
85
67.11
Indicador social
134
55.00
Indicador de seguridad
59
75.12
Clasificación 2021
72/180
Puntuación: 70.87
N/D
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

Este archipiélago del océano índico, poblado por 500.000 habitantes, ha sido controlado durante cerca de cuatro décadas por un poder autocrático que no toleraba los principios fundamentales de la prensa libre. Con la apertura del país a la democracia, en la década de 2010, ha ido emergiendo un periodismo independiente y exigente.

Panorama mediático

Las Maldivas cuentan con una decena de medios de comunicación registrados, que publican y difunden en dhivehi, la lengua local, y en inglés. Pese a haber perdido su monopolio, el peso del Estado en el sector audiovisual sigue siendo decisivo, a través de Television Maldives (TVM) y la radio Dhivehi Raajjeyge Adu (“La Voz de Maldivas”). El crecimiento del canal Raajje TV, creado en 2010, ha permitido a la oposición expresar una voz alternativa a la propaganda gubernamental, que ha saturado las ondas durante los 30 años de reinado del presidente Maumoon Abdul Gayoom (1978-2008). El diario  Mihaaru, en dhivehi, domina el sector de la prensa escrita, mientras que el digital Maldives Independent, publicado en inglés, es ya una referencia en el periodismo de investigación.

Contexto político

El estado del periodismo en el archipiélago depende mucho del contexto político. El país fue gobernado con mano de hierro por el presidente Abdulla Yameen, desde 2013 hasta 2018, pero su sucesor, Ibrahim Mohamed Solih, fue elegido, hace algo menos de cuatro años, habiendo contraído varios compromisos con la libertad de prensa. De momento, ha cumplido una primera promesa: el parlamento ha derogado la ley anti difamación de 2016, que había sido utilizada a menudo por sus antecesores para presionar a los medios independientes.

Marco legal

El artículo 28 de la Constitución de Maldivas proclama la libertad de prensa y afirma que “nadie puede ser obligado a divulgar la fuente de información a la que apoye, difunda o publique”. Esta garantía constitucional se ha visto seriamente amenazada por el proyecto de ley sobre las pruebas jurídicas (Evidence Bill), presentado ante el parlamento a finales de 2021, que habría permitido la violación del secreto de las fuentes a petición de la justicia. Unos meses antes, una comisión parlamentaria ya había pedido el levantamiento de este secreto profesional, en relación a un artículo publicado por Mihaaru News. Frente a estas tentativas, el Consejo de los Medios (MMC) y la Asociación de Periodistas de Maldivas (MJA) juegan un papel fundamental como parapeto.

Contexto económico

Los ingresos publicitarios se reparten sin ninguna transparencia, ni órgano de vigilancia, lo que plantea serios problemas en cuanto a la independencia de los medios de comunicación. En varios casos, algunos medios que no contaban con audiencias destacables han recibido importantes sumas de dinero por parte de empresas del Estado. En contrapartida, los responsables de las redacciones reciben instrucciones directas para eliminar un artículo que molesta o para no cubrir un tema sensible.

Contexto sociocultural

La república de Maldivas, que reconoce al islam como religión del Estado, está sometida a la sariatu, versión local de la sharía, que tradicionalmente ha preconizado la tolerancia y la moderación. No por ello los periodistas son menos víctimas de amenazas e intimidaciones por parte de extremistas religiosos, influidos por preceptos wahabitas. En la década de 2010, el poder político explotó abiertamente esta tendencia y legitimó los ataques de medios religiosos fundamentalistas contra cualquier voz “seglar”. Ya en 2012, el periodista independiente Ismail "Hilath" Rasheed fue apuñalado en la garganta por haber denunciado las derivas islamistas que despuntaban en la sociedad maldiviana. Sobrevivió milagrosamente, pero eligió el exilio por su seguridad.

Seguridad

En 2014, el periodista Ahmed Rilwan Abdulla fue secuestrado sin que su cuerpo haya aparecido a día de hoy. En 2017, el bloguero Yameen Rasheed fue apuñalado salvajemente, hasta que perdió la vida. Estos dos sucesos dramáticos, por quien nadie ha pagado, podrían tener su origen en círculos ligados a Al Qaeda, con ramificaciones en el seno de la policía. Aunque se creó una comisión de investigación en 2018, sus miembros no se han pronunciado respecto al avance de las investigaciones y la impunidad es total. Estas lagunas de la justicia envenenan la situación de la libertad de prensa. Mientras, el tema del acoso sexual a mujeres periodistas se empieza a tratar timidamente.