África
Sudán
-
Clasificación 2022
151/180
Puntuación: 40,96
Indicador político
120
47.05
Indicador económico
151
29.97
Indicador legislativo
153
41.45
Indicador social
142
51.00
Indicador de seguridad
143
35.35
Clasificación 2021
159/180
Puntuación: 47,07
N/D
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

El golpe de Estado militar del 25 de octubre de 2021 ha rubricado el retorno del control de la información y de la censura. La inseguridad de los periodistas se ha deteriorado.

Panorama mediático

Los medios audiovisuales, ampliamente controlados por el Estado, son la principal fuente de información de los sudaneses. Los medios públicos, Sudan National Radio Corporation y Sudan National Broadcasting Corporation, funcionan como herramientas de comunicación del régimen. Desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, la situación de los medios y de los periodistas independientes se ha degradado y el sector se ha polarizado intensamente. Los profesionales críticos han sido detenidos y el acceso a Internet se bloquea para silenciar la información. Los mensajes de propaganda fluyen por los medios públicos, bajo el control de los militares, evocando los métodos que empleaba el régimen de Omar al Bashir (1989 - 2019). 

Contexto político

Después de 20 años de dictadura militar, el dirigente sudanés Omar al Bashir fue derrocado por el ejército, en 2019, y el país intentó emprender una transición democrática. Pero, en octubre de 2021, los militares y el general Burhan protagonizaron un nuevo golpe de Estado y tomaron el poder, decretando el estado de emergencia y disolviendo el gobierno de transición. Este golpe amenaza los recientes y tímidos avances en materia de libertad de prensa. La organización de regulación de los medios sudaneses  (National Council for Press and Publication)  tiene la prerrogativa de cerrar publicaciones críticas sin mandato judicial, mientras que el Ministerio de la Información gestiona las licencias de radiodifusión de forma politizada.

Marco legal

La libertad de prensa y el acceso a la información están amparados por la Constitución provisional aprobada en 2019. Sin embargo, determinadas leyes usadas en el anterior régimen se mantienen en vigor y silencian a los medios críticos. La ley sobre ciberdelitos de 2020 limita la libertad de los profesionales de la información, como también lo hace la ley de 2009 relativa a la prensa y a las publicaciones, que permite controlarlas, a través del Consejo Nacional de la Prensa y las Publicaciones. Además, la ley sobre seguridad nacional de 2010 castiga con cárcel la publicación de mentiras y de “informaciones falsas”, así como cualquier publicación que “amenace la paz pública” o “vulnere el prestigio del Estado”.

Contexto económico

El reparto de la publicidad entre los medios se basa en el clientelismo y en la afinidad con el gobierno, y el Estado priva de ella a quienes no apoyen sus posiciones. Con la esperanza de mejorar sus condiciones materiales y sociales, algunos periodistas se han visto obligados a trabajar en el ámbito militar y en movimientos armados. La pandemia ha afectado profundamente al sector mediático en Sudán, especialmente a las mujeres periodistas, muchas de las cuales han sido despedidas u obligadas a coger una baja laboral. Las que han intentado quedarse solo perciben la mitad de su salario.

Contexto sociocultural

Sudán es un país multicultural y multiétnico en el que la tolerancia y la convivencia se ven socavadas. La sensibilidad de los grupos étnicos está extremadamente exacerbada: las denuncias de ofensas se multiplican y se dirigen principalmente a los medios de comunicación. La injerencia de grupos religiosos, que utilizan sus redes para defender sus intereses, contribuye a ensombrecer el horizonte de los medios. La revolución trajo ciertos aires de libertad en las redes sociales. Pero, mal controlados y excesivos, alimentan el racismo y la misoginia, y se ceban con las mujeres, así como con las minorías étnicas y sexuales.

Seguridad

Las amenazas a los periodistas se han incrementado en los últimos años con el surgimiento de nuevas milicias y movimientos armados. Los reporteros son atacados e insultados sistemáticamente por el ejército o las fuerzas de intervención rápida, durante las manifestaciones. Algunos llegan a ser arrestados y torturados. Los periodistas que critican a las autoridades o que han publicado documentos comprometidos para el gobierno son objeto de vigilancia y escuchas telefónicas constantes. Los corresponsales solo trabajan con salvoconductos concedidos por el Estado y es obligatorio solicitar un permiso siempre que se cubren acontecimientos en la mayoría de las regiones del país. El gobierno utiliza la vida privada de las mujeres periodistas para intimidarlas y sus intervenciones en redes sociales son constantemente vigiladas, lo que genera amenazas y, en ocasiones, represalias. Los “depredadores” de periodistas gozan de total impunidad y están protegidos por las autoridades. Además, no existe una ley que proteja a los reporteros, aunque sí hay instituciones civiles, como la Red Sudanesa de Periodistas o la Red Sudanesa de Medios de Comunicación y Periodistas pro Derechos Humanos, que trabajan en el seguimiento y documentación de las violaciones de sus derechos.