Todas las cadenas de televisión privadas e independientes tienen prohibido emitir, con la excepción de los canales de entretenimiento por cable. Ya no se puede acceder en Rusia a numerosos medios occidentales, como Euronews, France 24 o la BBC. El organismo regulador de los medios, Roskomnadzor, ha censurado la mayoría de digitales independientes de información, entre los que figura Meduza, el más leído, y Novaya Gazeta, el más emblemático. Los que subsisten pertenecen desde hace años a personas cercanas al Kremlin y lo logran a costa de una autocensura muy estricta por los temas y términos prohibidos. La situación es idéntica para las emisoras de radio.

Desde el inicio de la pandemia, el presidente Vladimir Putin parece estar cada día más aislado del mundo exterior. Solo un círculo muy restringido tiene acceso a su persona y las últimas instituciones de decisión colegiada, como el Consejo de Seguridad, en realidad ya no lo son. El Parlamento se ha transformado definitivamente en un mero registro de las decisiones adoptadas por el Kremlin. El discurso oficial, inmediatamente reproducido por una maquinaria de propaganda omnipresente, se basa principalmente en relatos sobre los “agravios históricos” sufridos por Rusia y en teorías del complot.

Ningún periodista está a salvo de un procedimiento judicial potencialmente grave, fundado en leyes represivas formuladas de forma ambigua y, a menudo, votadas precipitadamente. Ya en los inicios de la pandemia de Covid-19, varias leyes relativas a la libertad de expresión aprobadas en los últimos años fueron reformadas para incluir en el ámbito del código penal figuras como la difamación o las “informaciones falsas”. Con la guerra en Ucrania, han recibido un nuevo impulso: el Parlamento ha adoptado con gran celeridad enmiendas que castigan con penas de cárcel “informaciones falsas” sobre el ejército ruso y sobre cualquier otro organismo ruso que opere en el extranjero. La condena máxima puede llegar a 15 años de prisión firme.

La invasión rusa de Ucrania y las severas sanciones impuestas por las democracias occidentales han provocado una ruptura brusca de la economía rusa con las economías europeas, a las que estaba estrechamente vinculada, con el consiguiente riesgo de generar una crisis tan profunda, como duradera. Más allá de la censura, que ha obligado a numerosos medios a echar el cierre y ha empobrecido a los periodistas independientes hasta llevarlos a la reconversión o al exilio, la prensa regional es una de las primeras víctimas de esta crisis económica, que obliga a las empresas a recortar sus presupuestos publicitarios.

Aunque la tasa de conexión a Internet es muy alta en el país, aproximadamente dos tercios de los rusos se informan principalmente a través de la televisión, sometida al poder, y de las redes sociales nacionales, como VKontakte. La homosexualidad o los sentimientos religiosos se han transformado paulatinamente en temas tabú para los medios, bajo la presidencia de Vladimir Putin, que ha alentado un cierto conservadurismo en la sociedad rusa.

Los periodistas rusos se enfrentan a un arsenal de intimidación sistemática, al que se han ido sumando, durante estos últimos años, desde el recurso frecuente a multas y detenciones de corta duración con pretextos varios, hasta condenas severas e incluso torturas, de las que son víctimas principalmente los reporteros de prensa regional. Los medios viven, además, bajo la amenaza de ser incluidos de forma arbitraria en la lista de “agentes extranjeros”, un marchamo que acarrea farragosas y costosas trabas administrativas, y el riesgo de acciones judiciales. También pueden ser incorporados a la lista de “organizaciones indeseables”, que criminaliza cualquier forma de colaboración y la mera mención del medio señalado. Estos nuevos peligros desde el comienzo de la guerra en Ucrania han hecho que numerosos periodistas independientes opten por el exilio. Aún así, las autoridades mantienen la presión sobre ellos “visitando” a sus allegados e, incluso, condenándolos “in absentia”.