El panorama mediático birmano se ha visto profundamente alterado por el golpe de 2021. La junta publicó enseguida una lista negra de medios prohibidos por su libertad editorial, entre los que figuraba Democratic Voice of Burma. Este medio histórico en la lucha por la libertad de prensa ha tenido que reanudar las técnicas de reportaje clandestino que funcionaron durante las décadas anteriores de dictadura militar. Los medios clandestinos juegan un papel fundamental para transmitir informaciones fiables al resto del mundo. Al revés, los medios controlados por el gobierno son una cascada de propaganda apenas seguida por la población birmana. Entre estos dos extremos, un puñado de medios sobrevive en la cuerda floja, entre la voluntad de informar a sus conciudadanos y la necesidad de no ofender a los generales.

El Consejo de Administración del Estado (CAE) no tolera ningún relato alternativo al suyo. Para ello, ha restablecido un sistema de censura previa e impide a los medios cubrir las numerosas violaciones de los derechos humanos de la que es responsable. En cabeza de la junta, el general Min Aung Hlaing promueve abiertamente una política del terror contra los periodistas que no siguen su línea.

Más allá de la arbitrariedad que usan constantemente, los generales invocan de forma casi sistemática la sección 505.a del código penal, un artículo extremadamente ambiguo, que castiga con tres años de cárcel la difusión de “informaciones falsas”. El artículo 66 (d) de la ley de telecomunicaciones es otro arcaísmo jurídico, que puede enviar a prisión a un periodista simplemente porque alguien refute su información.

Antes del golpe de Estado, el modelo económico de los medios era ya frágil. El periodismo de investigación, liderado por webs como Myanmar Now o Mizzima, tenía relativamente pocos lectores. El golpe ha redistribuido las cartas, con una prensa oficialista que ocupa el conjunto de los kioscos y de las ondas, y una prensa independiente reducida a la clandestinidad, luego a modos de financiación todavía más aleatorios. A principios de 2022, la junta instauró un sistema de tasación de los servicios de Internet, empezando por las tarjetas SIM, cuyo único objetivo es impedir que la población se informe e interactúe en la red.

Antes del golpe de 2021, bajo el gobierno de Aung San Suu Kyi, el clima de la libertad de prensa ya era difícil, con la persistencia de temas tabú, como los referentes a las minorías étnicas. Prueba de ello es el duro golpe asestado, en 2018, a dos periodistas de Reuters que habían investigado la masacre de civiles rohingyas y que fueron juzgados e indultados al final de una parodia de proceso judicial. Este hecho sirvió de aviso a toda la profesión, que entendió que había que pensárselo dos veces antes de publicar una información susceptible de molestar a la “Tatmadaw”, las fuerzas militares birmanas. Este caso se acompañó de una oleada de informaciones falsas y de discursos de odio en Facebook, cuya no regulación ha tenido consecuencias desastrosas en el debate público.

Torturas, encarcelamientos, asesinatos… La profesión de periodista es extremadamente peligrosa en Birmania, que se ha transformado en la segunda mayor prisión de periodistas del mundo, detrás de China, y en relación con su población, es, de lejos, el país que más encarcela a sus periodistas. Los escasos testimonios que salen de las mazmorras birmanas revelan condiciones de detención extraordinariamente severas y el uso sistemático de torturas. Al menos cuatro periodistas han sido asesinados por la junta, dos de los cuales fallecieron por los malos tratos que padecieron durante su detención.