La relativa diversidad del sector mediático de Guinea-Bissau está caracterizada por una fuerte polarización. Los medios gubernamentales, bajo una gran influencia de los poderes públicos, son: la televisión nacional, que no llega a cubrir todo el territorio nacional; la radio nacional, el diario No Pintcha y la agencia de noticias de Guinea-Bissau. El país cuenta también con 88 emisoras de radio privadas y comunitarias, diarios privados y unos pocos medios digitales.  

Los periodistas deben enfrentarse a una inestabilidad política crónica, como demostró el golpe de estado abortado en febrero de 2022, y a sufrir presiones de forma habitual. El director de la televisión pública suspendió a un periodista por no entrevistar al presidente Umaro Sissoco Embaló, que participaba en un torneo de fútbol, y el presidente amenazó con cerrar varias emisoras de radio que no tenían licencia permanente para funcionar. También se refirió a los periodistas como "estómagos agradecidos". En enero de 2022, las autoridades de Guinea-Bissau ordenaron también el cierre de Capital FM, una de las radios más escuchadas del país, con fama de ser próxima a la oposición, acusándola de no haber renovado un impuesto anual.

Aunque la Constitución garantiza la libertad de prensa y estipula que debe ser independiente de los intereses económicos y políticos, no es así en la práctica. No obstante, existe una ley de la prensa y el estatus de periodista está reconocido en el país. Guinea-Bissau no tiene ninguna ley que garantice el acceso a la información a los ciudadanos. 

Los ingresos publicitarios de los medios y las cifras de venta de diarios son muy bajos. Algunos periodistas sólo cubren eventos cuando el organizador es quien paga. En ciertas emisoras de radio, muchos programas solo se emiten tras el pago de una tarifa establecida. Los medios estatales, que supuestamente tienen más recursos, no se salvan de las dificultades económicas. Con un salario medio mensual de 50 euros, muchos periodistas se ven obligados a afiliarse a un partido político para poder subsistir. Los propietarios de la gran mayoría de las emisoras comunitarias y privadas, muy frágiles económicamente, han sido amenazados con la cárcel si no pagan el canon de 380 euros correspondientes a la licencia.

Los medios se ven obligados muy frecuentemente a autocensurarse respecto a temas sensibles como el tráfico de drogas. La malversación de fondos y la corrupción, de las que los periodistas no están exentos, también son sujeto de autocensura. 

Los periodistas y los medios de comunicación están expuestos regularmente a agresiones físicas, como demuestran los ataques armados a los locales de Capital FM y a la casa de uno de sus periodistas a principios de febrero de 2022. En febrero de 2021, un periodista fue agredido y detenido por la policía, que destruyó su teléfono y su grabadora, mientras cubría una manifestación de estudiantes. En marzo de 2021, António Aly Silva, periodista independiente que critica de forma regular y abierta al presidente, fue secuestrado, golpeado y abandonado por desconocidos en una de las principales calles de Bissau, la capital del país. Las emisoras de radio, especialmente las independientes, se ven a menudo amenazadas con ser suspendidas.