América
Venezuela
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Clasificación 2022
159/180
Puntuación: 37.78
Indicador político
165
33.70
Indicador económico
145
31.73
Indicador legislativo
145
44.74
Indicador social
151
47.50
Indicador de seguridad
152
31.22
Clasificación 2021
148/180
Puntuación: 52.40
N/D
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

Desde su llegada al poder, en 2013, Nicolás Maduro mantiene la política de “hegemonía comunicacional” instaurada por su antecesor, Hugo Chávez. Venezuela vive en un clima de restricción de la información, en el que las medidas del gobierno amenazan el ejercicio mismo del periodismo independiente.

Panorama mediático

Después de que Nicolás Maduro accediese al poder, las medidas gubernamentales en contra de la pluralidad de los medios se acentuaron: se estableció un monopolio oficial sobre las importaciones de papel y de suministros para imprentas y con ello desaparecieron las ediciones en papel de una docena de periódicos en todo el país. A través de una política opaca de concesión y revocación de las licencias de radio, las autoridades han obligado a echar el cierre a 200 emisoras. Además, el ejecutivo venezolano persiste en su bloqueo a los contenidos informativos en Internet, afectando gravemente a las webs de noticias no oficialistas. Los principales medios independientes del país son: Radio Fe y Alegría, Efecto Cocuyo, Unión Radio, El Estímulo, El Pitazo y El Diario

Contexto político

Reelegido en unos polémicos comicios, Nicolás Maduro ya ha anunciado su intención de aspirar a un nuevo mandato. Si gana en las elecciones de 2024, liderará el país al menos hasta 2030. En Venezuela, el poder ejecutivo ejerce un control estricto sobre los poderes legislativo y judicial, lo cual ha creado un sistema institucional desequilibrado. En medio de este contexto, las fuerzas opositoras y prodemocráticas se han desunido y carecen de un liderazgo potente. Los medios del Estado y los portavoces oficiales no dudan en desprestigiar, perseguir e incluso amenazar públicamente a los periodistas independientes, por sus informaciones.

Marco legal

La libertad de expresión se consagra en el artículo 58 de la Constitución, pero no existe ninguna política para protegerla. Mientras, se adoptan medidas extravagantes, como la llamada “Ley contra el Odio”, en una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el régimen de Maduro, que se hizo ilegalmente con el poder legislativo. Durante estos primeros cuatro años de aplicación de la ley, diecisiete periodistas y medios, y varias decenas de venezolanos han sido sancionados y muchos otros, amenazados, incluidos particulares que comparten contenidos en redes sociales.

Contexto económico

Entre 2015 y 2020, la economía del país se ha hundido por el efecto combinado de las mayores tasas de inflación y la mayor caída del PIB del mundo. Esta catástrofe es el resultado de las políticas de control económico y expropiaciones masivas aplicadas por Hugo Chávez, de 2007 a 2011. Desde 2021, los indicadores macroeconómicos muestran algunos signos de mejora, pero el acceso a los bienes y servicios sigue siendo muy limitado. En 2022, se han anunciado medidas para revertir las nacionalizaciones de los años anteriores. La crisis económica ha provocado una reducción drástica de la publicidad oficial. Los criterios utilizados para distribuirla son, por otra parte, opacos y arbitrarios, lo que favorece a los medios afines al gobierno. Para recibir el “maná financiero”, los medios tienen que aceptar la difusión gratuita de los mensajes oficiales del gobierno.

Contexto sociocultural

La sociedad venezolana atraviesa una crisis generalizada, que ha depauperado sus condiciones de vida. Como consecuencia de la recesión económica que asola el país desde hace cinco años, millones de ciudadanos han migrado a países vecinos. Según las estimaciones, cerca de un 20% de la población total ha dejado Venezuela a lo largo de los últimos años, especialmente las personas jóvenes en edad de trabajar.

Seguridad

En Venezuela, el periodismo se desenvuelve en un clima de restricciones. Es habitual que los reporteros sean golpeados o amenazados en el ejercicio de su labor, cuando hay conflictos políticos o en períodos electorales. La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo están bajo control de Maduro, por lo que ninguna contribuye a garantizar la seguridad de los periodistas. Los actos de violencia física o verbal contra la prensa rara vez son objeto de una investigación.