Sobre una población de tamaño reducido, con una lengua dominante -el finés- descansa un mercado relativamente modesto y un sector mediático bastante concentrado. Solo un radiodifusor público (Yle) concentra casi la mitad de las audiencias de televisión y radio, mientras que el resto del panorama mediático lo componen varias cadenas privadas, un número creciente de medios informativos en Internet y un sinfín de periódicos regionales y locales. Contenidos en las lenguas minoritarias (sueco y sami) también están disponibles.

Los medios son, en su mayoría, totalmente independientes de los partidos y de los políticos, con la excepción de la radiotelevisión pública Yle, cuya propiedad recae en el Parlamento. Sin embargo, los políticos no tienen ninguna autoridad para designar o destituir a periodistas. Las tentativas de influir en los contenidos son excepcionales y no son aceptadas.

En el país donde la primera ley que prohibía la censura se aprobó bajo el dominio sueco, en 1766, la libertad de los medios disfruta de fuertes garantías constitucionales. En el ámbito judicial, se pueden dar casos de sanciones por difamación, discurso de odio extremo o alta traición, aunque suelen ser reducidas. La confidencialidad de las fuentes está amparada por la ley y sólo los tribunales pueden levantarla, en condiciones muy concretas. No obstante, la condena, en 2023, de dos periodistas del diario Helsingin Sanomat por revelación de secretos de Estado ha creado incertidumbre entre los reporteros que cubren asuntos de seguridad nacional.

Los medios de comunicación son mayoritariamente privados y la tasa de medios por habitante es de las más altas del mundo. El auge de las redes sociales ha aumentado la presión económica sobre los medios tradicionales, que sufren una alta concentración, sin ninguna regulación específica. Las autoridades no pueden privilegiar a ningún medio en concreto y ningún caso de corrupción de periodistas o de directores de medios ha sido registrado.

Aunque la sociedad goza de una relativa paridad entre hombres y mujeres, las periodistas están más expuestas al acoso y a las intimidaciones en Internet. Si los reporteros son rara vez objeto de violencias físicas, pueden sufrir amenazas que fomenten la autocensura. Las minorías étnicas están infra-representadas entre los profesionales de los medios, con el consiguiente impacto en el trabajo periodístico y la pluralidad de los contenidos.

Los periodistas pueden ser víctimas de estrés psicológico, no solo por el acoso en redes sociales, sino también por acciones judiciales abusivas o “procesos mordaza” (“Strategic Lawsuits Against Public Participation”, o SLAPPs), para las que el sistema legal no ha aportado aún ninguna respuesta adecuada. Los periodistas independientes se encuentran en una situación especialmente vulnerable a este respecto, a la que la Unión de Periodistas de Finlandia ha querido responder con la creación de un fondo de apoyo, que compense las pérdidas de ingresos que puedan afrontar y ofrezca psicoterapia, entre otras medidas.