Europa-Asia central
Gran Bretaña
-
Clasificación 2022
24/180
Puntuación: 78.71
Indicador político
18
80.57
Indicador económico
12
72.75
Indicador legislativo
48
76.63
Indicador social
32
84.29
Indicador de seguridad
49
79.33
Clasificación 2021
33/180
Puntuación: 78.41
N/A
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

Proposiciones de leyes alarmantes por parte del Gobierno, importantes restricciones a la libertad de prensa, la detención prolongada de Julian Assange y la amenaza a la seguridad de los periodistas en Irlanda del Norte lastran la salud del Reino Unido en materia de libertad de prensa.

Panorama mediático

La pluralidad del panorama mediático del Reino Unido sigue amenazada. Tres empresas - News UK, Daily Mail Group y Reach - dominan el sector nacional de los diarios, concentrando el poder y la influencia en muy pocas manos. El debate sobre la financiación de la BBC se ha visto muy politizado, después de que el gobierno anunciase la congelación por dos años del canon que ingresa la cadena, a partir de 2022.

Contexto político

Un clima político preocupante sigue afectando a la libertad de información en el Reino Unido, en el que destaca la alarmante proposición de ley recuperada por el gobierno para reformar la normativa sobre secretos oficiales, que podría suponer el encarcelamiento de periodistas por “espionaje”. Éstos sufren importantes restricciones en materia de libertad de prensa, como han revelado informaciones que apuntan a la existencia de un centro gubernamental opaco, que gestionaría las peticiones de acceso a informaciones públicas. El fallido nombramiento de Paul Dacre para liderar la Ofcom, organismo regulador de las comunicaciones, se ha visto salpicado por acusaciones de injerencias gubernamentales.

Marco legal

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, continúa detenido en la prisión de Belmarsh, mientras la demanda de extradición del gobierno estadounidense por haber revelado informaciones de interés público sigue su curso; esta situación ha lastrado el desempeño de ambos países en materia de libertad de prensa. La multiplicación de acciones judiciales abusivas o  “procesos mordaza” (Strategic Lawsuits Against Public Participation, SLAPPs) ha acabado transformando a Londres en “capital mundial de la difamación”, donde los periodistas ingleses e internacionales se ven obligados a defender sus investigaciones ante la justicia británica.

Contexto económico

Los recortes presupuestarios en el seno de las redacciones y las restricciones financieras causadas por la pandemia han obligado a numerosos medios a echar el cierre o a reducir significativamente sus plantillas. El coste y la amenaza de una demanda por difamación ha impedido a más de un medio o periodista independiente realizar investigaciones sobre determinados temas y les ha obligado a recurrir a financiación colaborativa para costearse asesoramiento legal.

Contexto sociocultural

Los periodistas que tratan temas sobre organizaciones criminales y actividades paramilitares siguen exponiéndose a grandes riesgos en Irlanda del Norte, donde las divisiones se han agravado desde el Acuerdo de Viernes Santo, en 1998. Los violentos disturbios que sacudieron a la región en 2021 fueron peligrosos para los periodistas que cubrieron los hechos. La impunidad por el asesinato del periodista del Sunday World Martin O’Hagan a manos de la Fuerza Voluntaria Lealista, en 2001, parece haberse instalado de forma permanente.

Seguridad

La seguridad de los periodistas en Irlanda del Norte es una fuente constante de preocupación, pues éstos son el blanco permanente de amenazas cuando cubren asuntos relacionados con el crimen organizado o actividades paramilitares. Los profesionales afectados por esta situación apuntan, casi siempre, a la reacción insuficiente de las fuerzas de seguridad. Ningún autor material o intelectual del asesinato de Lyra McKee, acontecido en abril de 2019 en Derry, ha comparecido ante la justicia, si bien ha habido nuevas detenciones por este caso, en 2021. En el otro extremo, el anuncio de un Plan de Acción nacional para la Seguridad de los Periodistas, en marzo de 2021, ha sido acogido con satisfacción.