Clasificación 2022
23/180
Puntuación: 78.86
Indicador político
30
75.03
Indicador económico
15
71.22
Indicador legislativo
37
79.30
Indicador social
24
87.40
Indicador de seguridad
43
81.35
Clasificación 2021
11/180
Puntuación: 88.31
N/A
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

A pesar de que el nivel de confianza en los medios es bastante alto, los periodistas belgas se enfrentan a la violencia de la policía y de los manifestantes en las manifestaciones, así como a las frecuentes amenazas online, dirigidas sobre todo a las mujeres. El sector de la prensa esquiva las presiones políticas y está protegido por un marco legislativo eficaz, aunque algunas de sus medidas son controvertidas.

Panorama mediático

Bélgica, formada por la Valonia francófona y el Flandes flamenco, tiene dos mercados mediáticos bien diferenciados y pequeños que apenas compiten entre sí. Un reducido número de empresas, propiedad de un puñado de familias pudientes con diversos intereses económicos, dominan la prensa escrita diaria. El Estado belga gestiona las grandes radiotelevisiones regionales, RTBF y VRT, a través de sus consejos de administración, formados por representantes de los cuatro principales partidos: socialistas, liberales, democristianos y verdes.

Contexto político

Aunque los partidos políticos intentan influir en las redacciones de RTBF y VRT, los entes públicos están, en principio, protegidos de las presiones políticas. El Consejo Superior Audiovisual de Bruselas-Valonia, representante de las distintas tendencias ideológicas, garantiza la pluralidad de las diversas corrientes de opinión. Aunque las amenazas hacia los periodistas siguen sin ser condenadas por el gobierno, éste ha anunciado la creación de grupos de expertos, tras la difusión masiva de falsedades por el movimiento antivacunas. 

Marco legal

Aunque Bélgica carece de una ley de prensa específica, cuenta con sólidas garantías legislativas y constitucionales. El secreto de las fuentes está garantizado por la ley federal desde 2005, y el Consejo de Deontología Periodística (CDJ) constituye una herramienta eficaz para la autorregulación de las redacciones. No obstante, la difamación sigue estando penalizada por la legislación belga, y el periodista es el único responsable ante los tribunales en caso de demanda. En enero de 2019, una circular con una cláusula que permitía a un juez borrar o prohibir la difusión de reportajes sin tener que justificar el motivo, causó una gran polémica en los círculos periodísticos.      

Contexto económico

Los medios belgas se han debilitado económicamente por el  importante descenso de los ingresos publicitarios, acaparados por las plataformas de información, y más recientemente, por los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. Estas pérdidas se vieron compensadas parcialmente por el aumento de suscripciones. Un asunto reciente ha puesto en evidencia la debilidad de la prensa ante las presiones económicas: en 2018, dos periodistas del diario valón L’Avenir fueron despedidos tras revelar un escándalo financiero del grupo Nethys, principal accionista del medio en aquel entonces.  

Contexto sociocultural

La prensa belga goza de un buen nivel de confianza, especialmente en Flandes. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 ha arrojado luz sobre el problema de la desinformación, así como numerosas críticas hacia los diarios flamencos, acusados de cubrir la crisis con un sesgo favorable al gobierno. En respuesta a esta creciente desconfianza, la Federación Valonia-Bruselas aprobó, a principios de 2022, un plan de educación sobre los medios para fomentar el desarrollo del espíritu crítico de los alumnos y estudiantes de la región.  

Seguridad

Los periodistas que cubrieron las manifestaciones contra las medidas sanitarias relacionadas con la pandemia de Covid-19 fueron objeto de amenazas por parte de los manifestantes, y tienen, cada vez más, una sensación de inseguridad a causa de la violencia policial y las amenazas online de carácter racista o sexista. Este clima ha llevado a que algunos de ellos renuncien a cubrir eventos considerados como muy arriesgados o incluso a abandonar su actividad.