La caída del régimen de Moussa Traoré, en 1991, conllevó una auténtica explosión del número de medios. El país cuenta hoy con cerca de 200 diarios, más de 500 emisoras de radio y varias decenas de cadenas de televisión, incluyendo las regionales. Estos nuevos medios compiten con los públicos ORTM, en el sector audiovisual, y L’Essor, en el sector de prensa escrita. Los programas y la cobertura mediática reflejaban una verdadera diversidad de voces en el país hasta la suspensión definitiva de los medios internacionales RFI y France 24, en abril de 2022. En octubre del mismo año, una cadena de televisión fue suspendida tras unos comentarios críticos contra la junta militar de gobierno.

En principio, los periodistas y los medios tienen libertad para cubrir la administración y los medios privados son relativamente independientes. No obstante, los periodistas son especialmente vulnerables por la situación política y el endurecimiento impuesto por la junta militar en el poder. Las presiones para un “tratamiento patriótico” de la información se multiplican y, en noviembre de 2022, un periodista recibió graves amenazas por informar sobre la presencia de las milicias rusas del Grupo Wagner en el país. El proceso de acreditación para los periodistas extranjeros es intrusivo y atenta contra el secreto de las fuentes. A principios de 2022, un periodista francés fue expulsado en menos de 24 horas tras su llegada al país. Los medios  públicos están completamente supeditados a la tutela de la Alta autoridad de la Comunicación (HAC), órgano regulador de los medios, y las autoridades públicas pueden despedir a sus directivos.

La actividad mediática en Malí está regulada por la Ley de Prensa, que determina las condiciones para el ejercicio de la profesión, aunque esta ley es ambigua y no define los delitos de prensa, ni contiene disposiciones sobre los medios de comunicación en Internet. En los últimos años, se ha emprendido un proceso cuyo objetivo es revisar el marco legal obsoleto en el que se mueven los periodistas. Los profesionales del sector esperan nuevas normas que pongan fin a la penas privativas de libertad por delitos de prensa, institucionalicen las ayudas públicas, y mejoren el acceso a la información, así como la identificación de los periodistas y medios profesionales. Los medios públicos siguen teniendo más facilidad de acceso a la información estatal que los medios privados. 

Los periodistas y medios de Mali viven de forma muy precaria, lo que los hace vulnerables al tráfico de influencias y la corrupción. Estas dificultades se han acrecentado por el descenso de ingresos publicitarios a causa de la crisis sanitaria y la suspensión total, en los últimos cuatro años, de ayudas públicas a la prensa.  

Los conflictos entre comunidades, el extremismo y la presencia de grupos armados, impiden el libre ejercicio del periodismo, especialmente en el norte y el centro de Mali. Hay ataques contra la prensa en base a criterios de género, clase o etnia. Estas coerciones socioculturales generan autocensura. 

Trabajar fuera de la capital, Bamako, es muy arriesgado para los periodistas, como demuestra el secuestro, durante casi dos años, del periodista francés Olivier Dubois en Gao, el 8 de abril de 2021, por parte del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda. Actualmente hay dos periodistas en paradero desconocido en el país. En las regiones, la inseguridad y la presencia de grupos armados presionan a los periodistas. La desaparición y probable muerte en las prisiones secretas de la Seguridad del Estado del periodista Birama Touré, en 2016, es un recordatorio de que el uso de métodos extremos para silenciar a un periodista sigue presente.