África
Uganda
-
Clasificación 2023
133/ 180
Puntuación: 46,08
Indicador político
129
45.75
Indicador económico
126
39.80
Indicador legislativo
118
54.34
Indicador social
100
60.00
Indicador de seguridad
164
30.52
Clasificación 2022
132/ 180
Puntuación: 46,35
Indicador político
130
44.70
Indicador económico
117
36.99
Indicador legislativo
107
60.96
Indicador social
128
56.00
Indicador de seguridad
147
33.09

En Uganda, los periodistas se enfrentan, casi a diario, a intimidaciones y violencia. Los servicios de seguridad, principales responsables de las agresiones contra los periodistas en el país, los atacan regularmente.

Panorama mediático

El país cuenta con más de 200 emisoras de radio y unas 30 cadenas de televisión, pero muchos de estos medios pertenecen a miembros o personas próximas al Movimiento de Resistencia Nacional (NMP), el partido en el poder. Los medios estatales son numerosos, influyentes y están sometidos al régimen de Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Existen medios privados que producen información de calidad, básicamente los que pertenecen al Nation Media Group: KFM, Dembe FM, NTV, NBS o el periódico The East African, un referente del periodismo en la región. 

Contexto político

El Presidente Museveni no tolera la crítica y realiza regularmente declaraciones de odio hacia la prensa. En 2021, amenazó con llevar a la quiebra al Daily Monitor, el primer diario del país. A finales de 2022, fue el hijo del presidente, el general Muhoozi Kainerugaba, quien amenazó a los periodistas críticos con el gobierno con "aplastarlos", y tachó de "terroristas" a los periodistas del Daily Monitor. No es extraño que las autoridades interfieran directamente en los programas solicitando la retirada de determinados reportajes de televisión, o como en 2019, cuando la policía se presentó en tres emisoras de radio privadas para impedir la intervención de un jefe de la oposición. El organismo regulador de los medios está controlado directamente por el gobierno.

Marco legal

A pesar de estar garantizada en la Constitución, la libertad de prensa se ve obstaculizada por numerosas leyes, como las que atañen a las actividades digitales fraudulentas, el antiterrorismo o el orden público. En 2021, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de las asociaciones de periodistas contra disposiciones liberticidas de la ley sobre los medios. El país dispone de una norma de acceso a la información, pero los periodistas se topan con numerosas trabas y tienden a la autocensura en cuanto solicitan una información de interés público. En mayo de 2021, dos periodistas pasaron tres semanas en prisión por presunta difamación. Por otro lado, en octubre de 2022, el presidente firmó un proyecto de ley por el que se modificaba la “ley de uso indebido de la informática”, que tipificaba como delito, entre otros, la publicación de "información falsa", pero el Tribunal Constitucional derogó esta disposición a principios de año. 

Contexto económico

Los periodistas forman parte del colectivo de profesionales peor pagados del país. Los contratos de trabajo son escasos, y son pocos los que ganan más de 200 dólares (aproximadamente 180 euros) al mes. Esta precariedad hace que sean vulnerables frente a la corrupción.

Contexto sociocultural

Varios medios pertenecen a grupos religiosos, y algunos de ellos están ligados a los intereses del régimen, como el movimiento pentecostal, muy influyente en el país, del que forman parte la mujer y la hija del presidente. 

Seguridad

Raptos, violencia, secuestros, detenciones, confiscación de material… Toda crítica hacia el poder puede tener serias consecuencias hacia los periodistas. La reelección de Yoweri Museveni para su sexto mandato en 2021, tuvo lugar después de una campaña especialmente represiva, con más de cuarenta ataques contra medios y periodistas. Las autoridades hicieron uso de la violencia, la censura - cortando el acceso a Internet - , y la desinformación, al acusar a ciertos periodistas de ser agentes de la CIA. El seguimiento de los profesionales de la información se ha intensificado desde la creación, en junio de 2017, de una brigada de agentes de seguridad e informáticos encargados, entre otras cosas, de vigilar los perfiles de los periodistas en las redes sociales. En marzo de 2022, las fuerzas del orden asaltaron las oficinas de una cadena de televisión crítica con el poder, confiscaron sus equipos y detuvieron a nueve periodistas.