Además de por su pluralidad, el panorama mediático se caracteriza por una fuerte polarización política. La televisión se mantiene como principal fuente de información. Los empresarios mediáticos intervienen a menudo en el contenido editorial, como le ha sucedido a la cadena opositora Rustavi 2, que ha dado un vuelco a su línea editorial, tras su retrocesión a un antiguo propietario. Las radios regionales y las comunitarias se consolidan, mientras que la audiencia de la prensa escrita decae, al tiempo que la de la información online, crece.

El país atraviesa una nueva y grave crisis política, desde las controvertidas elecciones legislativas de octubre de 2020. Este entorno es propicio a una carrera constante por el control de las cadenas de televisión. A pesar de que la ley georgiana prohíbe a los partidos políticos poseer medios de comunicación, las grandes cadenas defienden, en general, los intereses de sus propietarios, casi siempre cercanos a los responsables políticos. Lo mismo sucede con los medios públicos, sometidos a la injerencia de las autoridades. Éstas arremeten, en ocasiones, contra los medios críticos, utilizando la censura, los registros y las intimidaciones.

Contradiciendo reformas precedentes que reforzaban el pluralismo y la transparencia en los medios, el gobierno ha dejado patente su voluntad de controlar las radios y televisiones independientes, mediante una reforma de la ley sobre las comunicaciones electrónicas. Los tribunales intentan, de vez en cuando, atacar a la confidencialidad de las fuentes, garantizada por la ley sobre la libertad de expresión.

El mercado publicitario sigue escasamente desarrollado para la prensa escrita y los medios digitales, financiados en gran parte por donantes, generalmente occidentales.

La sociedad georgiana está marcada por fuertes tensiones sociales en ciertos ámbitos, como la religión, los derechos LGTB o la influencia de Rusia, que impactan en el trabajo de los periodistas. Figuras sociales relevantes, como los miembros del clero ortodoxo, son objeto de escuchas por parte de los servicios de seguridad, que vulneran así el secreto de las fuentes de los periodistas.

Las agresiones verbales y físicas a los periodistas son frecuentes, incluidas las que provienen de altos representantes del Estado, especialmente en contextos electorales. El linchamiento de medio centenar de periodistas durante las manifestaciones en contra de la homofobia, en julio de 2021, ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, ha supuesto un retroceso sin precedentes. La ausencia de transparencia y de avances en las investigaciones evidencia la impunidad de la que gozan los crímenes contra periodistas que se comenten en el país.