Coexistiendo junto a un mercado privado relativamente plural, con medios independientes como la cadena de televisión TVN, el diario Gazeta Wyborcza o el digital Onet.pl, los medios públicos, y en concreto el grupo televisivo TVP, se han transformado en instrumentos de propaganda gubernamental. Una empresa estatal ha adquirido 20 de los 24 diarios regionales, provocando que, a nivel local, los medios privados se enfrenten a la competencia feroz de las publicaciones gestionadas por las autoridades.

Después de haber tomado el control de los medios públicos, el gobierno ha amenazado a los privados con su estrategia de “repolonización”, cuyo objetivo es influir en su línea editorial. Una empresa estatal se ha hecho con la red de periódicos regionales PolskaPress, mientras que el mayor grupo mediático independiente, TVN, ha tenido que lidiar con presiones, merced a una regulación del sector politizada y a una legislación hecha a medida. Los miembros del gobierno atacan regularmente a los periodistas demasiado críticos.

A pesar de que la Constitución garantiza la libertad de prensa y el derecho a la información, el gobierno intenta restringirlos con legislaciones específicas. Como resultado, los periodistas que cubren la zona fronteriza con Bielorrusia se enfrentan, desde septiembre de 2021, a prohibiciones arbitrarias y desproporcionadas. Del mismo modo, al igual que la confidencialidad de las fuentes está amparada por la ley, las autoridades han tratado, en algunos casos, de atentar contra ella. Por último, “insultar” a determinadas instituciones sigue siendo punible con penas de cárcel.

Mientras que la radiodifusión pública está financiada por el Estado, los medios privados se apoyan en modelos de suscripción, gracias al tamaño relativamente importante del mercado polaco. Recientemente, han tenido que enfrentarse a un intento fallido de debilitamiento, mediante un impuesto especial que pretendía gravar sus ingresos publicitarios. La publicidad institucional se atribuye esencialmente a los medios progubernamentales y con total opacidad.

La polarización creciente de la sociedad se ha traducido en un aumento de las agresiones verbales a los periodistas. Los ciudadanos conservadores intentan disuadir a los reporteros de cubrir los temas LGTB+ o los relativos al género, mientras que la blasfemia sigue estando penada con cárcel. Los medios independientes gozan, sin embargo, del apoyo sólido de una parte importante de la población, que protestó, por ejemplo, contra la ley que afectaba a TVN.

Tras registrar un pico en 2020, en torno a la “huelga de mujeres” [contra el veto al aborto], el nivel de violencia -por parte de la policía y de grupos extremistas contrarios a este movimiento- ha descendido. Los ataques contra periodistas demostraron, sin embargo, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni protegerlos adecuadamente, ni garantizar sus derechos, durante las manifestaciones. De hecho, en 2021, fueron las propias autoridades quienes impidieron de forma deliberada a los periodistas cubrir la crisis de refugiados cerca de la frontera con Bielorrusia, mediante detenciones arbitrarias y violentas.