Coexistiendo junto a un mercado privado relativamente plural, con medios independientes como la cadena de televisión TVN, el diario Gazeta Wyborcza o el digital Onet.pl, los medios públicos, y en concreto el grupo televisivo TVP, se han transformado en instrumentos de propaganda gubernamental. La compañía petrolera Orlen, controlada por el Estado, ha adquirido 20 de los 24 periódicos regionales, lo que supone una competencia feroz para los medios privados locales, que ya tienen que medirse con  los "periódicos locales del gobierno", publicados desde hace años con dinero público.

La “repolonización” de medios anunciada por el gobierno se ha traducido en la recompra de la prensa regional, antes en manos alemanas, por Orlen. Desde entonces, la petrolera ha contratado a equipos que apoyan al gobierno. La coalición gobernante también ha intentado persuadir al principal accionista estadounidense de TVN para que venda la cadena. Los miembros del ejecutivo y su entorno lanzan con regularidad ataques verbales y emprenden “procesos judiciales mordaza” (SLAPPs) contra los periodistas críticos.

A pesar de que la Constitución garantiza la libertad de prensa y el derecho a la información, el gobierno intenta restringirlos con legislaciones específicas. Así, desde septiembre de 2021 hasta finales de 2022, los periodistas no pudieron trabajar libremente en la zona fronteriza con Bielorrusia, donde decenas de los centenares de refugiados que intentaban entrar en Polonia fallecieron. El regulador estatal intenta contrarrestar las averiguaciones y opiniones de los periodistas utilizando el recurso legal de la protección de "asuntos de Estado". Del mismo modo, al igual que la confidencialidad de las fuentes está amparada por la ley, las autoridades han tratado, en algunos casos, de atentar contra ella. Por último, “insultar” a determinadas instituciones sigue siendo punible con penas de cárcel.

Mientras que la radiodifusión pública está financiada por el Estado, los medios privados se apoyan en modelos de suscripción, gracias al tamaño relativamente importante del mercado polaco. Recientemente, han tenido que enfrentarse a un intento fallido de debilitamiento, mediante un impuesto especial que pretendía gravar sus ingresos publicitarios. La publicidad institucional se atribuye esencialmente a los medios progubernamentales con total opacidad, y los "periódicos locales del gobierno", publicados con dinero público, compiten frecuentemente con la prensa independiente en la venta de publicidad.

La polarización creciente de la sociedad se ha traducido en un aumento de las agresiones verbales a los periodistas. Los ciudadanos conservadores intentan disuadir a los reporteros de cubrir los temas LGTB+ o los relativos al género, mientras que la blasfemia sigue estando penada con cárcel. Los medios independientes gozan, sin embargo, del apoyo sólido de una parte importante de la población, que protestó, por ejemplo, contra la ley que afectaba a TVN.

Tras registrar un pico en 2020, en torno a la “huelga de mujeres” [contra el veto al aborto], el nivel de violencia -por parte de la policía y de grupos extremistas contrarios a este movimiento- ha descendido. Los ataques contra periodistas demostraron, sin embargo, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no pueden ni protegerlos adecuadamente, ni garantizar sus derechos, durante las manifestaciones. De hecho, en 2021, fueron las propias autoridades quienes impidieron de forma deliberada a los periodistas cubrir la crisis de refugiados cerca de la frontera con Bielorrusia, mediante detenciones arbitrarias y violentas.