Existe una libertad real en el tono que usan los medios libaneses, pero el mercado, en realidad, está controlado por algunos individuos directamente afiliados a partidos políticos o pertenecientes a dinastías locales. Las cadenas más influyentes son LBCI, Al Jadeed y MTV, propiedad de las familias Daher-Saad, Khayat y Murr. Otros ejemplos: Al Manar, la cadena oficial de Hezbolá, o la ya cerrada Future TV, en manos de la familia Hariri.

El panorama mediático se caracteriza por el control de los partidos políticos sobre los medios, dependientes de sus inversores, que refleja la estructura política libanesa. La prensa reproduce las divergencias políticas y comunitarias del país y en ella se reconoce la tutela confesional que pesa sobre los medios. El periodismo se ha transformado, así, en un arma en toda regla del conflicto político.

La ley impone a los medios transparencia sobre su accionariado y sobre su financiación. Sin embargo, algunos desarrollan estructuras especialmente opacas. Además, el código penal considera la difamación, la calumnia y la difusión de informaciones falsas como infracciones, cuya definición es difusa. Se observa en el país una inquietante instrumentalización de la justicia, que condena regularmente a medios y periodistas al pago de multas o a prisión con sentencias dictadas en ausencia del imputado.

Los medios padecen la crisis económica histórica por la que atraviesa el país. La explosión del puerto de Beirut, en agosto de 2020, les obligó a realizar enormes recortes presupuestarios, que afectaron tanto a sus actividades, como a sus plantillas. Un número significativo de periodistas y redacciones basados en la capital y afectados por la explosión dependen de las ayudas internacionales para recuperarse y afrontar la crisis. Actualmente, la escasez de carburantes y de electricidad les impiden ejercer sobre el terreno.

La opinión pública es mayoritariamente conservadora y algunos temas siguen siendo tabú, cuando no están prohibidos, como las críticas al legado cultural y religioso. La misoginia y el racismo no son infrecuentes en el entorno mediático y las mujeres periodistas a menudo son objeto de campañas de difamación. Los militantes políticos participan en campañas de intimidación, especialmente los fieles a Hezbolá, que utilizan Twitter para amenazar a los periodistas.

En el transcurso de las manifestaciones de la revolución de octubre de 2019, los ataques y procesos judiciales contra los medios se intensificaron. Las fuerzas de seguridad recurren a un uso desproporcionado de la fuerza y los reporteros que trabajan para medios próximos al poder son agredidos por los manifestantes, que los tratan con rechazo.