Desde que Chad inició su proceso democrático en diciembre de 1990, el panorama mediático ha crecido considerablemente y los medios de comunicación han ganado cierta independencia, mientras que los del sector público ya no tienen el monopolio de la información. Unos diez periódicos se publican regularmente (L’Observateur, La Voix, Le Pays…), cuatro canales de televisión emiten en Yamena, la capital, y aproximadamente 60 emisoras de radio trabajan en el territorio nacional. La emisora de radio FM/Liberté, creada por activistas de derechos humanos, es la que tiene más audiencia en la capital, ya que cuenta con una red de corresponsales que se extiende por todo el país.

Los medios públicos siguen estando controlados por el Ministerio de Comunicación y sus responsables son nombrados por el gobierno. Este último elige también a la mayoría de responsables del organismo regulador. Los medios tienen su propia línea editorial, pero no se toleran las investigaciones críticas con los caciques del régimen y su entorno. Los periodistas que escriben estos artículos pueden ser detenidos de forma arbitraria, mientras que los reporteros extranjeros pueden ser expulsados y los medios nacionales suspendidos. El acceso a la información oficial sigue siendo muy complicado.

En Chad, la libertad de prensa y el derecho a la información están consagrados por la ley. El Código de la Prensa, aprobado en 2010, pone fin a las penas privativas de libertad por delitos de prensa. Sin embargo, la difamación sigue siendo objeto de condenas de hasta tres meses de prisión. La ley sobre la ciberdelincuencia aprobada en 2019 expone a los periodistas que trabajan en medios digitales a arrestos y detenciones arbitrarias. En 2020, más de doce diarios fueron suspendidos en virtud de la nueva Ley de Prensa, que exige un nivel mínimo de cualificación para poder dirigir una redacción: una aparente voluntad de profesionalizar el sector, que, en realidad, amenaza con hacer desaparecer  numerosas cabeceras.  

Los medios, sobre todo los privados, trabajan de forma precaria: la impresión de periódicos es muy costosa y el mercado publicitario es limitado, lo que lleva a ciertos diarios a imprimir a pérdida. A pesar de que el Estado debe aportar una subvención anual a los medios, el fondo de ayuda a la prensa lleva suspendido desde 2016, con una única excepción realizada en vísperas de la elección presidencial de abril de 2021. 

Chad ha entrado en un periodo de transición desde el 20 de abril de 2021, tras la muerte del presidente Idriss Déby Itno, que dirigió el país con puño de hierro durante 30 años. Desde entonces, en un ejercicio de censura encubierta, se invita a los medios a evitar la difusión de declaraciones de odio y favorecer aquellas que apelan a la paz.

La presencia de grupos armados como Boko Haram y Estado Islámico constituye un factor de inseguridad para los periodistas. Se cometen agresiones con total impunidad, como atestigua el asesinato del periodista Orédjé Narcisse, tiroteado en octubre de 2022 y cuyos asesinos no han llegado a ser detenidos. En febrero de 2022, un reportero de una radio comunitaria fue asesinado a tiros durante un ataque en el sur del país. Los periodistas también sufren la violencia de las fuerzas del orden cuando cubren las manifestaciones en contra del gobierno, y los que trabajan en las provincias son objeto de constantes detenciones arbitrarias y amenazas. En 2018 y 2019, se cortó el acceso a las redes sociales durante 470 días, convirtiendo a Chad en uno de los peores censores digitales del continente africano de los últimos años.