Los grandes grupos europeos (Ringier, PPT Group o Dogan Media International) se codean en el mercado rumano con pequeños actores locales (Intact Media Group, RCS&RDS, Hotnews, G4Media, Recorder, Rise Project o PressOne). El panorama mediático es el fiel reflejo de las tendencias mundiales: el número de publicaciones impresas decae, mientras que los medios digitales y las cadenas de radio y televisión experimentan un auge. La elección de los contenidos editoriales se supedita, a menudo, a los intereses de los propietarios, lo que transforma a la prensa en un instrumento de propaganda.

Los medios de comunicación en Rumanía carecen de independencia y son víctimas de intentos de injerencia, especialmente cuando toca designar a los responsables de la radio y la televisión públicas, pero también del Consejo Nacional del Audiovisual. De hecho, este organismo ha bloqueado la información sobre la titularidad de los medios audiovisuales, so pretexto de proteger los datos personales. El nuevo partido nacionalpopulista AUR, cuarta fuerza del parlamento rumano, ha hecho suya la retórica política agresiva contra los periodistas.

La legislación en materia de protección de la libertad de expresión y de prensa se aplica de forma insuficiente, aunque se ajusta a los estándares europeos, también a nivel constitucional. La injerencia de los fiscales en el trabajo periodístico adquiere tintes de acoso y genera serias preocupaciones, mientras que la justicia intenta presionar cada vez más a los medios para que revelen sus fuentes. Las demandas abusivas (SLAPPs) proliferan, y las decisiones judiciales no siempre respetan las normas de la libertad de prensa.

Los mecanismos de financiación de los medios suelen ser opacos e incluso corruptos. Si bien las grandes empresas mediáticas logran ser autosuficientes, la mayoría de ellas dependen de fuentes externas de financiación, incluidas las subvenciones. El uso de fondos públicos para comprar coberturas mediáticas positivas es una práctica política ampliamente extendida.

El periodismo de interés público tiene que hacer frente a la competencia de campañas de desinformación lideradas por algunos medios y políticos, especialmente en el contexto de la pandemia de Covid-19. Determinados segmentos de la población son proclives a sumarse a ellas, lo que alimenta su desconfianza hacia la prensa de calidad.

Los ataques a reporteros y periodistas ciudadanos están aumentando de manera alarmante. Un periodista, un documentalista y un activista medioambiental fueron brutalmente agredidos, en septiembre de 2021, mientras investigaban explotaciones forestales ilegales. La vigilancia sigue siendo un problema, ya que el parlamento ha aprobado una disposición legal -actualmente examinada por el Tribunal Constitucional-, que podría ampliar el ámbito de aplicación de la intercepción de las comunicaciones electrónicas, incluso por parte de los servicios de inteligencia.