Europa - Coronavirus: leyes liberticidas, ataques y persecución a periodistas: la libertad de prensa, víctima colateral del virus en los Balcanes

La intervención policial fue brutal. Ana Lalić, periodista del diario digital serbio Nova.rs fue arrestada el 1 de abril a última hora de la tarde y permaneció detenida durante 48 horas. Su apartamento fue saqueado, y le confiscaron sus teléfonos móviles y su ordenador. La intervención tuvo lugar el mismo día que entraba en vigor una nueva disposición del gobierno que otorga un monopolio de facto para distribuir información sobre el coronavirus al grupo de gestión de crisis de Serbia.

Cuando Ana Lalić publicó un artículo titulado "La clínica de Vojvodina, al borde del colapso: las enfermeras carecen de protección", el hospital presentó una queja contra ella por daños a su reputación y por causar malestar al público, tal como autoriza la reciente decisión del gobierno. Tras la protesta por la detención de la periodista y gracias al apoyo de RSF, Ana Lalić fue puesta en libertad al día siguiente. El primer ministro revocó la decisión del gobierno y se disculpó, pero la periodista sigue expuesta a una pena de prisión de cinco años y una multa. Además, al haberle confiscado su equipo profesional, sus ingresos se ven comprometidos. Se trata de un nuevo punto negativo en términos de independencia de los medios para un país que ya ocupa el puesto 90 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras.

Lo que le sucedió a Ana Lalić es solo una manifestación de una tendencia creciente en los Balcanes y en la zona Este de la Unión Europea. Los Estados toman medidas para combatir la pandemia de Covid-19, pero utilizan las leyes liberticidas para reprimir el flujo de información y permitir procesamientos arbitrarios contra periodistas críticos que en el contexto de salud actual se ven acosados y denigrados por los políticos.

“El caso de Ana Lalić es muy preocupante. La Unión Europea debería garantizar que el virus húngaro no se propague por los Balcanes y Europa del Este”, señala Pavol Szalai, jefe de del departamento para la Unión Europea y los Balcanes de RSF. “Los Estados europeos no deben aprovechar la crisis sanitaria para perseguir a los periodistas que trabajan por el interés público. Por el contrario, deben protegerlos de los ataques y tener acceso a tantos elementos como sea posible para que puedan ayudar a superar la pandemia informando a los ciudadanos".

Leyes liberticidas y persecución judicial

La semana pasada, en el corazón de Europa, un gobierno recibió poderes excepcionales por un período indefinido. La ley sobre el estado de emergencia aprobada por Hungría prevé penas de hasta cinco años de prisión por difundir noticias falsas, cuando en realidad es el gobierno el que decide lo que es verdad. La medida se produce después de una serie de ataques concertados y amenazas contra medios independientes acusados de proporcionar información errónea cuando denunciaron a Covid-19 de manera más responsable que los medios progubernamentales.

Después de que se aprobase la ley, la campaña de desprestigio estaba en pleno apogeo. El canal Hit TV, cercano al poder, trató de "pobre idiota" y amenazó con ser "el primero o el segundo en tener que rendir cuentas" al reportero del semanario Magyar Hang, Balázs Gulyás, que criticó la ley de estado de emergencia.

Mientras tanto, en Bélgica, la periodista de La Libre Belgique Maria Udrescu recibió una cascada de mensajes con groserías después de cubrir otro aspecto del giro autoritario de Hungría, un país que continúa cayendo en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF y que ocupa el puesto 87 en la lista de 2019.

También en Polonia el gobierno ha vuelto a apretar las tuercas. Bajo el pretexto de haber roto las normas sanitarias, el periodista independiente Włodzimierz Ciejka tuvo que pasar dos horas en un puesto de policía por haber grabado una "manifestación" de cuatro personas frente a la casa del líder del partido gobernante Ley y Justicia.

La protesta tenía como objetivo criticar el plan del gobierno para mantener la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 10 de mayo con el fin de garantizar la reelección del presidente Andrzej Duda. La mayoría en el poder también acaba de aprobar una ley para organizar las elecciones a través del voto postal, lo que hace que la sociedad civil y la oposición teman que los medios se vean obstaculizados en su cobertura electoral.

En Rumania, los recientes decretos presidenciales y las órdenes gubernamentales han permitido bloquear arbitrariamente webs de noticias y responder tarde a las peticiones de libertad de prensa. Acusados de difundir noticias falsas, dos digitales ya han sido suspendidos por el Grupo de Comunicación Estratégica, una célula de crisis gubernamental sin ningún conocimiento de los medios y cuyas decisiones no tienen que revisarse desde un punto de vista judicial. Y otra medida desproporcionada tomada bajo la legislación de crisis: la decisión de que la emisora de radio Bucuresti FM, con sede en la capital, eliminase un artículo de su web.

En Bulgaria, el país de la Unión Europea peor situado (puesto 111) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno aprobó una ley que castiga la difusión de información falsa sobre el coronavirus que además preveía una pena de prisión de hasta tres años y una multa de 5.000 euros, antes de que el presidente la vetara. 

Los periodistas en Bosnia han sido menos afortunados. Según el nuevo decreto emitido por la República Serbia de Bosnia, la difusión de noticias falsas se castiga con multas. El distrito de Brčko, otro territorio de Bosnia, ha adoptado medidas que también socavan la libertad de prensa, una iniciativa adoptada por el Ministro del Interior de la Federación de Bosnia y Herzegovina.

Ataques verbales y físicos.

En Eslovenia, el gobierno del primer ministro Janez Janša, un aliado del húngaro Viktor Orbán, lanzó una campaña de desprestigio contra periodistas nada más tomar el poder a mediados de marzo. A dicha campaña la siguió una ola de ciberacoso e incluso agresiones físicas contra algunos informadores.

El corresponsal de RSF y periodista de investigación Blaž Zgaga se enfrentó a una avalancha de amenazas en internet, incluidas llamadas al asesinato, después de que solicitase información al nuevo centro de crisis del Covid-19. En respuesta, la cuenta de Twitter de este organismo publicó un tweet calificando a Blaž Zgaga, al intelectual Slavoj Žižek y a otras dos personas de "pacientes psiquiátricos que escaparon de la reclusión". Los medios de comunicación alineados con el partido gobernante, SDS, siguieron su ejemplo lanzando una campaña de desprestigio.

Tras rechazar el llamamiento de siete organizaciones defensoras de la libertad de prensa a favor de Blaž Zgaga y calificarlo de “fake news”, el primer ministro, Janez Janša, dirigió sus ataques verbales contra la televisión pública, RTV Slovenija. Los periodistas del medio público habían criticado una posible subida de sueldo para los ministros. El jefe de gobierno los acusó de "difundir mentiras" y de estar "demasiado bien pagados", y amenazó a la emisora pública con recortarle la subvención.

Demokracija, un semanario del SDS, llamó a los periodistas “terroristas” del ISIS. En este clima, un desconocido amenazó a un equipo de periodistas de RTV y causó daños su vehículo. Antes de eso, otro equipo de la misma cadena había sido atacado verbalmente en Maribor, y otros periodistas de RTV también habían sido increpados por el director de una administración municipal en Velenje.

El discurso de odio, tanto si encuentra refugio en las redes sociales como si es tarea de los líderes políticos, se manifiesta en casi todas partes en los Balcanes. Al comienzo de la crisis del coronavirus, el primer ministro de Albania, Edi Rama, pidió a sus conciudadanos que adoptasen medidas higiénicas, entre ellas la de " protegerse contra los medios ".

En Macedonia del Norte, la plataforma de periodismo de investigación IRL.mk recibió amenazas después de publicar un artículo titulado "Lucrarse con la pandemia o cuidar de los demás: el otro lado de las pruebas del Covid-19". Acibadem Sistina, una cadena de hospitales propiedad del oligarca Orce Kamcev, insultó a los periodistas y exigió la retirada del artículo.

En Serbia, algunos periodistas del portal CINS que revelaron que los sacerdotes ortodoxos se negaban a respetar el distanciamiento social recomendado, recibieron un nuevo tipo de amenazas: serían "maldecidos" si no cambiaban su actitud.

Esta serie de ejemplos ilustra cómo ciertos gobiernos se están aprovechando de la situación sanitaria para perseguir a los periodistas que los critican y convirtiendo a quienes defienden la libertad de información en víctimas colaterales del virus.