Los medios se concentran en los tres principales grupos del país:  Luís Carlos Sarmiento Angulo, Ardila Lulle (propietario de RCN TV) y Radial Olímpica-Valorem. La radio sigue siendo el medio de mayor penetración, pero también el de mayor precariedad económica. Más de la mitad de la ciudadanía en las capitales se informó durante la pandemia por medios digitales y redes sociales. Aunque existen medios de comunicación en los departamentos, no se produce información local en la mayoría del país.

En 2021, Colombia ha registrado los mayores disturbios sociales de su historia. Desde el 28 de abril, fecha de la primera gran manifestación contra la impopular reforma fiscal del gobierno, decenas de miles de colombianos se sumaron al movimiento de huelga y protestas para denunciar el aumento de las desigualdades, que el impacto desastroso de la Covid-19 en las comunidades más vulnerables y las violencias policiales han evidenciado con crudeza. Los dirigentes nacionales y locales, así como los principales líderes políticos, estigmatizan cada vez más a los periodistas críticos.

La Constitución de 1991 garantiza la libertad de expresión y de información. Cada sector mediático (radio, televisión, prensa escrita) dispone de su propia jurisprudencia, pero es tal la multiplicidad de leyes, que solo generan confusión. Entre 2018 y 2022, el gobierno ha impulsado la reforma de leyes sobre la televisión y las tecnologías de la información en el Congreso, y ha tratado de coartar la libertad de prensa en varias ocasiones. En cada período electoral, las autoridades limitan la difusión de informaciones sobre el “orden público” a las confirmadas por fuentes oficiales.

Durante la pandemia, los grupos mediáticos, así como aproximadamente 600 medios a nivel nacional, se beneficiaron de las ayudas del gobierno, concedidas para paliar el descenso de los ingresos publicitarios. Sin embargo, la situación no fue equitativa para los medios regionales, comunitarios, independientes y alternativos, cuyas fuentes de financiación son reducidas y cuya línea editorial no suele ser afín a la de las autoridades colombianas. Los medios regionales están cooptados por la financiación del sector público o por empresas locales, limitando su capacidad crítica. 

Cada vez hay más casos de agresiones contra periodistas atribuibles a manifestantes durante las movilizaciones sociales, fruto de una polarización ideológica que no hace sino aumentar constantemente la desconfianza en los medios. Como resultado, el rechazo a la presencia y la cobertura periodísticas también se ha acentuado. Las redes sociales se transformaron en el principal canal para dar a conocer las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, durante los estallidos sociales.

La cobertura de temas medioambientales, como la minería, la deforestación, los monocultivos o la ganadería exponen a los periodistas a la violencia, así como todos los relativos a conflictos armados, la reclamación de tierras, la organización comunitaria, los derechos de las comunidades étnicas o las instancias de los acuerdos de paz. La seguridad de los periodistas se ve también gravemente amenazada cuando cubren temas relativos a la corrupción y las alianzas entre políticos, grupos armados y empresas.