Asia-Pacífico
Bangladesh
-
Clasificación 2022
162/180
Puntuación: 36.63
Indicador político
140
42.12
Indicador económico
138
32.48
Indicador legislativo
148
44.15
Indicador social
149
48.50
Indicador de seguridad
172
15.88
Clasificación 2021
152/180
Puntuación: 50.29
N/A
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

Más de una quinta parte de los 168 millones de bangladesíes viven bajo el umbral de pobreza y tienen poco acceso a la prensa tradicional. Internet juega un papel creciente en la difusión y el intercambio de información.

Panorama mediático

Los dos grandes medios del Estado, Bangladesh Television (BTV) y la radio Bangladesh Betar, funcionan como órganos de propaganda del gobierno. El sector privado está muy nutrido, con 3 000 medios de prensa escrita diaria o periódica, 30 emisoras de radio, 30 redes de televisión y varios centenares de sitios web informativos. Las dos cadenas de información 24 horas Somoy TV y Ekkator TV  tienen altos niveles de audiencia, y los dos grandes diarios del país, el de habla bangladesí Prothom Alo y el anglófono The Daily Star logran mantener una cierta independencia editorial.

Contexto político

Desde la independencia del país, en 1971, los gobiernos consideran a la prensa como una herramienta de comunicación. El de la primera ministra Sheikh Hasina, en el poder desde 2009, no es ninguna excepción. Los militantes de su partido, la Liga Awami, propinan regularmente violentos ataques físicos a algunos periodistas que no son de su agrado; otros compañeros padecen campañas de acoso judicial destinadas a silenciarlos que, en ocasiones, conducen al cierre de algún medio. En estas condiciones, las redacciones se cuidan mucho de cuestionar cualquier afirmación que proceda del gobierno.

Marco legal

La Ley sobre Seguridad Digital (Digital Security Act, DSA) es una de las normas más estrictas del mundo contra los periodistas: permite realizar registros y detenciones sin la menor orden judicial, violar el secreto de las fuentes por motivos arbitrarios y condenar a 14 años de cárcel a cualquier periodista que publique informaciones consideradas “propaganda contra el padre de la nación”, que no es otro que el padre de la actual primera ministra. En este contexto,  las redacciones recurren ampliamente a la autocensura.

Contexto económico

La prensa privada está extremadamente concentrada en manos de un puñado de empresarios que han despuntado al calor del boom económico que atraviesa Bangladesh. Los propietarios de los medios los consideran meras herramientas de influencia y priman la rentabilidad, hasta el punto de preferir unas buenas relaciones con el gobierno a garantizar la independencia editorial. Así las cosas, a menudo son representantes del gobierno quienes deciden cuáles serán los participantes en los programas de entrevistas nocturnos, en las cadenas privadas de televisión.

Contexto sociocultural

Aunque en la Constitución se define como laico, Bangladesh reconoce al Islam como religión de Estado. Esta ambigüedad se reproduce en la prensa, donde todo lo relativo a cuestiones religiosas es tabú. Los medios dirigidos al gran público nunca abordan la cuestión de las minorías religiosas, que sin embargo representan a 10 millones de personas. A lo largo de la pasada década, grupos autoproclamados islamistas radicales lanzaron campañas extremadamente violentas, que se saldaron con el asesinato de periodistas. Estos mismos grupos utilizan hoy las redes sociales para atacar cualquier declaración periodística sobre la secularización, la pluralidad de ideas o la libertad religiosa.

Seguridad

Violencia policial, ataques por parte de militantes políticos, asesinatos orquestados desde entornos yihadistas o redes mafiosas… Los periodistas de Bangladesh están tanto más expuestos a las agresiones cuanto que los delitos quedan impunes. El recurso a la ley DSA permite mantener a varios periodistas y blogueros en prisión, en condiciones extraordinariamente difíciles. Por último, en el seno de una profesión todavía esencialmente masculina, las mujeres periodistas tienen que bregar con una cultura recalcitrante del acoso y son objeto de campañas de odio en Internet cuando intentan defender públicamente sus derechos.