La confianza de la población griega en los medios está entre las más bajas de Europa, desde hace ya muchos años. Algunos grandes grupos, como Skai, comparten espacio con centenares de medios digitales, creando una gran fragmentación del panorama mediático. A la vez, una minoría de empresarios dirige una mayoría aplastante de medios, al tiempo que participan en otros sectores de actividad muy regulados. Algunos de ellos tienen estrechos vínculos con la élite política del país. Como consecuencia de este contexto, la prensa nacional está muy polarizada.

El portavoz del gobierno es el encargado de supervisar a los medios públicos, con el consiguiente peligro que supone para su independencia editorial. La autoridad reguladora de la radiodifusión, el Consejo Nacional de Radiotelevisión, acusado de lentitud e ineficacia, no ha sido remodelado significativamente ni por el gobierno actual, ni por el anterior.

Las recientes reformas del código penal, oficialmente aprobadas, entre otros motivos, para luchar contra la pandemia del Covid-19, han abierto la vía a una restricción desproporcionada de la libertad de prensa, con una base jurídica dudosa. El delito de difusión de informaciones falsas, punible con cinco años de cárcel, atenta directamente contra las normas jurídicas europeas y los compromisos internacionales suscritos por Grecia. Representa una seria amenaza para el derecho de los periodistas a publicar información en aras del interés público y aumenta considerablemente el riesgo de autocensura.

La crisis económica de la última década, la reducción de los presupuestos publicitarios, así como la caída en lectores de los periódicos han debilitado a los medios, que se han vuelto, en consecuencia, dependientes de las ayudas gubernamentales. Recientemente, ha salido a la luz, en el marco de una comisión de investigación parlamentaria, que millones de euros de fondos públicos se han asignado de forma prioritaria a medios de comunicación, para financiar campañas publicitarias nacionales, incluidas las relativas a la pandemia. Los opacos criterios de distribución han favorecido a la prensa progubernamental.

Las sedes de algunos medios son objeto, regularmente, de ataques por parte de activistas de extrema derecha y de extrema izquierda, que los consideran enemigos ideológicos. Por otra parte, las mujeres periodistas se enfrentan a numerosas prácticas sexistas en sus lugares de trabajo.

La policía recurre frecuentemente a la violencia para obstaculizar la cobertura periodística de manifestaciones y de la crisis de refugiados que viven las islas griegas. Una periodista holandesa ha tenido que abandonar el país, tras ser atacada en la calle y sufrir una campaña de difamación en los medios progubernamentales, solo por el acalorado intercambio de impresiones que mantuvo con el primer ministro sobre las deportaciones de migrantes. Por otra parte, no se ha registrado ningún avance para hacer justicia en el caso del asesinato del veterano periodista Giorgos Karaivaz, abatido a tiros ante su domicilio en Atenas, a pesar de las promesas de una rápida investigación.