Las leyes garantizan la libertad de prensa, un valor compartido por los argentinos.  Los dos principales grupos de medios del país son Clarín y La Nación, mientras que  la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae son muy seguidos por el público. También se destacan por su tamaño e influencia los grupos América, Indalo, Octubre, Cadena 3 y Alpha Media. Sin embargo, la diversidad de voces se ve condicionada por una alta concentración mediática, la publicidad estatal y privada, y una concepción partidista de los medios públicos en todo el arco político. En las provincias más pobres, el ejercicio del periodismo se ve deteriorado por la conjunción de intereses gubernamentales y empresariales.

El valor de la libertad de expresión es compartido por los argentinos, y a él se adhiere casi todo el arco político, por convicción o conveniencia. En las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios. Predomina una polarización generalizada, en la que se cruzan intereses partidistas y económicos, que empobrecen el debate. El tono exacerbado y la lógica confrontativa excluyen temas, voces y razonamientos de un debate público ausente por esta radicalización de las opiniones.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del código penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persiste el abuso de las demandas civiles, en el marco de un sistema judicial permeable a las presiones. Además, los avances legislativos para limitar el poder de censura, comercialización de datos, respeto a la privacidad y difusión de noticias falsas  de Google, Facebook, Twitter y otros han sido pobres o nulos. 

La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las telecomunicaciones, el petróleo y las obras públicas. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anticoncentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco, pese a la defensa oficial que hace de la pluralidad.

Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y de ejercicio del periodismo en condiciones aceptables son muy dispares. 

No se registran detenciones, ni asesinatos de periodistas, y son muy esporádicas las agresiones físicas de consideración. Los ataques o amenazas contra periodistas o medios despiertan el rechazo de la población y de la clase política. Sin embargo, los periodistas están expuestos a ser el blanco de abusos policiales, en el contexto de manifestaciones multitudinarias, y del amedrentamiento de organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, etc) y parapoliciales, en barrios y provincias desfavorecidos.