El derecho a la información y la libertad de expresión están garantizados por leyes de inspiración liberal, aunque el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración. La influencia en todos los mercados de medios del grupo Clarín, principal actor de la industria del sector, es muy acentuada. El grupo La Nación, la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae también son muy seguidos por el público. En ciertas provincias alejadas de Buenos Aires, la libre expresión se ve más condicionada por la connivencia de poderes económicos y políticos, lo cual potencia las amenazas.

El valor de la libertad de expresión es compartido por los argentinos y a él adhiere casi todo el arco político, por convicción o conveniencia. En las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis e información. Predomina una agenda mediática binaria, en la que se cruzan intereses partidistas y económicos. La promoción del odio y la violencia encuentra eco en medios de diversas tendencias. El tono exacerbado y la lógica confrontativa excluyen realidades, voces y razonamientos del debate público La agenda mediática está extremadamente centrada en las grandes metrópolis, en especial, Buenos Aires. 

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del código penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de las demandas civiles, en el marco de un sistema judicial permeable a las presiones. Además, los avances legislativos para limitar el poder de censura, comercialización de datos, las violaciones de la privacidad y difusión de noticias falsas han sido pobres o nulos. 

La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo y los recursos. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las telecomunicaciones, el petróleo y las obras públicas. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anticoncentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco. Los organismos de defensa de las audiencias y control del mercado de las telecomunicaciones son altamente dependientes del poder político de turno. 

Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, que concentra el 30% de la población, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y de ejercicio del periodismo en condiciones aceptables son muy dispares. 

Desde el año 2000 no se registran encarcelamientos ni asesinatos de periodistas, y son muy esporádicas las agresiones físicas de consideración. Los ataques o amenazas contra periodistas o medios despiertan el rechazo de la población y de la clase política. Sin embargo, los reporteros están expuestos a ser el blanco de abusos policiales, en el contexto de manifestaciones multitudinarias, y del amedrentamiento de organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias de fuerzas de seguridad, etc). En la ciudad de Rosario, tercera del país, el narco ha empezado a dirigir sus amenazas contra medios y periodistas.