Las leyes garantizan la libertad de prensa, un valor compartido por los argentinos.  Los dos principales medios del país son Clarín y La Nación, mientras que  la cadena privada de televisión Telefe y el sitio web de noticias Infobae son muy seguidos por el público. Sin embargo, la diversidad de voces se ve condicionada por una alta concentración mediática,  por la publicidad estatal y privada, y por una concepción partidista de los medios públicos en todo el arco político. En las provincias más pobres, el ejercicio del periodismo se ve deteriorado por la conjunción de intereses gubernamentales y empresariales. 

El valor de la libertad de expresión es compartido por los argentinos, y a él se adhiere casi todo el arco político, por convicción o conveniencia. En las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios. Predomina una polarización generalizada, en la que se cruzan intereses partidistas y económicos, que empobrecen el debate. El tono exacerbado y la lógica confrontativa excluyen temas, voces y razonamientos de un debate público ausente por esta radicalización de las opiniones.

La libertad de expresión y de prensa están garantizadas por la Constitución. Desde 1983, fecha del restablecimiento de la democracia, la legislación se fue desprendiendo de reminiscencias autoritarias de décadas anteriores. Los delitos de desacato, calumnias e injurias fueron eliminados del código penal y la reparación por informaciones falsas o difamatorias se restringe al ámbito civil, a través de indemnizaciones. El respeto a las fuentes y al secreto profesional están garantizados, pero persiste el abuso de las demandas civiles, en el marco de un sistema judicial permeable a las presiones. Además, los avances legislativos para limitar el poder de censura, comercialización de datos, respeto a la privacidad y difusión de noticias falsas  de Google, Facebook, Twitter y otros han sido pobres o nulos. 

La prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo. Los medios más poderosos pertenecen a un reducido grupo de conglomerados, con vínculos en las telecomunicaciones, el petróleo y las obras públicas. Entre 2015 y 2019, casi todas las normas anticoncentración y destinadas a limitar los conflictos de intereses fueron anuladas. El Estado, a través de la publicidad, las exenciones fiscales y la concesión de contratos, juega un papel opaco, pese a la defensa oficial que hace de la pluralidad.

Argentina es un país de contrastes, formado por la inmensa metrópolis de Buenos Aires, una veintena de ciudades medianas y extensos territorios con poca población. La pujanza cultural es notable en todo el país, aunque las posibilidades de difusión y de ejercicio del periodismo en condiciones aceptables son muy dispares. 

No se registran detenciones, ni asesinatos de periodistas, y son muy esporádicas las agresiones físicas de consideración. Los ataques o amenazas contra periodistas o medios despiertan el rechazo de la población y de la clase política. Sin embargo, los periodistas están expuestos a ser el blanco de abusos policiales, en el contexto de manifestaciones multitudinarias, y del amedrentamiento de organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, etc) y parapoliciales, en barrios y provincias desfavorecidos.