Durante el largo mandato del presidente Suharto, entre 1966 y 1998, la libertad de prensa era inexistente. Actualmente, se estima que hay unos 100 000 periodistas en Indonesia, donde se imprimen más de 300 diarios de información general, como el periódico de referencia Kompas (con una tirada de más de medio millón de ejemplares), o el semanario Tempo, que goza de una sólida reputación en el periodismo de investigación. La televisión es una fuente de información de primer orden, con numerosos canales privados, como Indosiar, SCTV o Metro TV, que compiten a nivel nacional con las cadenas públicas de la Televisi Republik Indonesia (TVRI). Dado el gran aislamiento geográfico de ciertas poblaciones, la radio juega un papel determinante en la transmisión de la información. Hay más de 3 000 emisoras que, además del bahasa Indonesia, el idioma nacional, difunden programas en una veintena de lenguas diferentes del país.

Elegido en 2014 con un programa de reformas, el presidente Joko Widodo, conocido como “Jokowi”, no ha mantenido sus promesas en materia de libertad de prensa. Peor: su reelección, en mayo de 2019, ha revelado las concesiones que está obligado a hacer a los sectores más conservadores de la vida política. La Tentara Nasional Indonesia (TNI), nombre oficial del ejército, reprime brutalmente a los manifestantes separatistas en Papuasia, en el este del país, e impide a la prensa cubrir las protestas. El territorio papú, formado por dos provincias, sigue siendo un agujero negro informativo, donde los periodistas no pueden trabajar llibremente.

La ley de prensa, promulgada en 1999, permitió poner fin a las viejas prácticas de censura y control de la información de la era Suharto. Sobre todo, permitió la creación del Dewan Pers, un consejo de la prensa independiente del gobierno que ha logrado imponerse, con el paso de los años, como una institución a la que se recurre para resolver de forma amistosa la mayoría de los litigios relacionados con los medios. Los periodistas, sin embargo, tienen que trabajar con leyes como la relativa a la blasfemia, que dificulta la crítica a las religiones, y sobre todo con la Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), una ley que criminaliza a los sospechosos de difamación (art.27) o de discursos de odio (art.28), dos conceptos no definidos claramente en el texto, por los que los periodistas se arriesgan a seis años de cárcel. En 2020, el ejecutivo aprovechó la crisis de la Covid-19 para reforzar su arsenal represivo contra los periodistas, a los que ahora les está prohibido publicar “informaciones falsas” relativas a la crisis sanitaria, pero también cualquier “información hostil con el presidente o con el gobierno”, incluso si no tiene ninguna relación con la pandemia.

Una decena de grandes grupos, como Global Mediacomm (MCM), Jawa Pos (JPG) o Kompas Gramedia (KGG) se reparten el grueso del mercado mediático dirigido al gran público. Ya afectado por la volatilidad, el sector se ha visto debilitado por las consecuencias de la crisis del coronavirus, que ha llevado al despido de numerosos periodistas: entre el 20% y el 30% de la masa salarial de más de la mitad de los medios se ha visto afectada. La radio, que necesita menos inversiones, es el medio en el que más confían los indonesios. La prensa digital, por su parte, adolece de una frágil inversión publicitaria, que se traduce en un nivel de exigencia periodística claramente mejorable.

Siendo el mayor país muslmán del mundo y cuna de la tolerancia religiosa, Indonesia sufre presiones crecientes por parte de ciertos movimientos islamistas radicales. Es el caso, especialmente, de la provincia autónoma de Aceh, en el oeste del archipiélago, donde rige una versión muy estricta de la sharía y donde una policía de la moral dicta lo que los periódicos pueden publicar y lo que no. En el resto del país, la influencia de ciertos ulemas impide a los periodistas abordar determinados temas tabú, como las cuestiones relativas a los colectivos LGBT, la apostasía o el matrimonio de niñas.

Los periodistas que investigan casos de corrupción local son regularmente objeto de medidas de intimidación por parte de la policía o de militares de la TNI, que pueden ir desde el arresto hasta la violencia, lo cual fomenta un alto nivel de autocensura. Del mismo modo, cada vez es más difícil cubrir determinadas cuestiones medioambientales, cuando atentan contra importantes intereses privados apoyados por administraciones locales.