Año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa.
Panorama mediático
Las televisiones, radios y periódicos están estrechamente vigilados por el Estado, y la prensa privada sigue estando prohibida por la Constitución. Las cadenas de televisión Tele Rebelde y Cubavisión son las más importantes del país, mientras que la emisora de radio Radio Reloj es la más escuchada. El diario Granma es el de mayor difusión y está controlado por el Estado, como el resto de medios. Los periodistas independientes están vigilados por agentes que intentan limitar su libertad de movimiento, realizan detenciones y borran las informaciones que poseen.
Contexto político
Miguel Díaz-Canel, protegido de Raúl Castro, al que relevó en 2019 en la presidencia del país, y posteriormente como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información.
Marco legal
Los blogueros y algunos ciudadanos periodistas encuentran un espacio de libertad en Internet, cuyo acceso está controlado en gran parte por el Estado, pero lo hacen bajo su propio riesgo: ante el ensañamiento de las autoridades, son frecuentemente encarcelados o se ven forzados al exilio. En 2021, nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet abierto, libre e inclusivo, violando íntegramente el derecho a la libertad de expresión, de información y de asociación en el entorno digital.
Contexto económico
Debido a la pandemia y al refuerzo de las sanciones americanas, Cuba atraviesa su peor crisis económica desde hace 30 años, lo que obliga a numerosos habitantes a emigrar a cualquier precio.
Contexto sociocultural
Las protestas del movimiento de San Isidro, en noviembre de 2020, y las posteriores manifestaciones multitudinarias del 11 de julio de 2021, dieron lugar a una ola de implacable represión, similar a la de la Primavera Negra de 2003.
Seguridad
Los arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución y hostigamiento, registros ilegales de domicilios y la confiscación y destrucción de material, forman parte del día a día de los periodistas contrarios a la línea oficial castrista. Las autoridades también controlan la cobertura mediática de los medios extranjeros, concediendo acreditaciones de forma selectiva y expulsando a aquellos considerados como “demasiado negativos” hacia el régimen.