En Chipre existen nueve diarios (Phileleftheros, Alithia,  Haravghi, etc.), siete cadenas de televisión y siete emisoras de radio. La injerencia directa en las líneas editoriales, la creciente concentración de medios y la falta de transparencia sobre su propiedad, perjudican al pluralismo y generan una situación favorable para la autocensura de los periodistas. 

A pesar de que la integridad y la seguridad física de los periodistas no se ven amenazadas, los medios son objeto de ataques verbales por parte de los políticos, dificultando así la libertad de expresión. Las relaciones informales entre políticos y propietarios de medios refuerza la influencia de los primeros en el sector, así como el sentimiento generalizado de deber y lealtad al gobierno. 

La difamación no está calificada como delito, pero la Fiscalía General puede emprender  acciones judiciales contra un medio, si lo estima oportuno. La ley garantiza la protección de las fuentes y la autonomía editorial. No obstante, las normas relativas a los mecanismos o métodos de protección para los periodistas, así como la prevención de intromisiones políticas, son escasas. Así, las injerencias directas en las líneas editoriales y la autocensura son habituales.

La crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19 ha tenido una importante repercusión en los medios, haciendo que sean más vulnerables a las influencias de los intereses comerciales. Su dependencia de la publicidad y del patrocinio de las empresas, así como la caída de los ingresos publicitarios, ha potenciado la influencia de los accionistas y de los propietarios en el contenido editorial.   

La cuestión chipriota es un tabú y se supone que todos los periodistas tienen un deber de lealtad para con el gobierno sobre este asunto. Los periodistas que cuestionan la línea oficial suelen ser tildados de "traidores". El Estado también prohíbe el uso de ciertos términos relacionados con el país.

No hay casos de detenciones arbitrarias o asesinatos de periodistas en el país, pero los ataques verbales hacia los medios por parte de representantes del Estado son constantes y afectan a la libertad de expresión. A pesar de que no haya amenazas o agresiones físicas graves, los profesionales de la información suelen ser objeto de acoso en las redes sociales. Un periodista, autor de un libro sobre la corrupción en el seno del gobierno, ha denunciado la vigilancia y el hackeo de sus dispositivos y archivos, pero la investigación policial no ha llegado a ninguna conclusión, hasta la fecha.