Clasificación 2022
134/180
Puntuación: 45.53
Indicador político
143
41.21
Indicador económico
139
32.40
Indicador legislativo
127
54.17
Indicador social
131
55.88
Indicador de seguridad
130
44.02
Clasificación 2021
146/180
Puntuación: 52.74
N/A
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

En Argelia, la libertad de prensa se ve limitada por numerosas líneas rojas. El simple hecho de evocar la corrupción y la represión de las manifestaciones puede suponer que los periodistas sean amenazados y detenidos.

Panorama mediático

El panorama mediático argelino nunca se ha visto tan deteriorado: los medios independientes están bajo presión, los periodistas son perseguidos o encarcelados regularmente y varios sitios de Internet, bloqueados. Los medios más importantes son las cadenas de televisión privadas, como Ennahar TV, Echorouk TV y El Bilad TV, mientras que los medios considerados más serios y creíbles son el diario en papel El Watan, y los digitales TSA e Interlignes. 

Contexto político

El ambiente político es muy tenso, especialmente desde la elección del presidente Abdelmadjid Tebboune, en diciembre de 2019. Medios y periodistas son víctimas de diversas presiones, la mayoría de ellas ejercidas por la presidencia de la República, los partidos políticos, los servicios de seguridad y las autoridades locales. Resulta muy difícil para los periodistas desempeñar su trabajo con libertad e independencia, cuando el poder político tiene influencia directa en la designación y el cese de los responsables de los medios y de las autoridades reguladoras.

Marco legal

El marco legislativo es cada vez más restrictivo. Aunque el artículo 54 de la Constitución garantiza la libertad de prensa, también supedita la difusión de informaciones y opiniones al respeto de “las constantes y los valores religiosos y culturales de la nación”, coartando así la libertad de los periodistas. Una reforma del código penal aprobada en 2020 castiga con entre uno y tres años de cárcel la difusión de “noticias falsas” y de “discursos de odio”, cuyo objetivo sea atentar contra “el orden y la seguridad nacional”, así como contra “la seguridad del Estado y la unidad nacional”. Estas normativas se utilizan de forma habitual para denunciar y condenar a los periodistas. En este contexto, la censura y la autocensura están ampliamente extendidas.

Contexto económico

El sector privado atraviesa un mal momento desde 2019, y varios medios y cadenas de televisión han tenido que echar el cierre, debido fundamentalmente a la falta de publicidad. Por otra parte, las subvenciones del Estado sólo se conceden a los medios públicos o a aquellos medios privados próximos al régimen.

Contexto sociocultural

El entorno social y cultural de los periodistas difiere entre el norte y el sur del país. En las ciudades interiores, las asociaciones locales, el prefecto o los grupos religiosos tienen un poder importante e imponen su censura a los periodistas. El conservadurismo social y religioso también ejercen un peso considerable, haciendo que los informadores no puedan tratar temas ligados a la sexualidad o a la religión.

Seguridad

Las amenazas e intimidaciones a las que se enfrentan los periodistas van en constante aumento y no existe ningún mecanismo de protección. Los periodistas críticos con las autoridades pueden sufrir detenciones arbitrarias, y son objeto de vigilancia y escuchas telefónicas. Los periodistas independientes o próximos al Hirak, el movimiento de protestas populares surgido en febrero de 2019, pueden ser el blanco de amenazas en Internet y de campañas de odio promovidas por las llamadas “moscas electrónicas” (“doubab”), cuentas anónimas cercanas al poder.