El peso del Estado es determinante. El Ministerio de los Medios dirige, entre otros, la Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC), la Rupavahini Corporation (SLRC), el Independent Television Network (ITN) o la Associated Newspapers of Ceylon Limited (ANCL), una importante selección de medios escritos, radiofónicos y audiovisuales cuyas redacciones disponen de una independencia editorial extremadamente débil. La situación de los periodistas en el sector privado tampoco es muy diferente, ya que la mayoría de los propietarios de los grandes medios son afines a algún partido político. Los cuatro principales dueños de periódicos se reparten tres cuartas partes de los lectores de prensa escrita y solo el grupo de prensa líder, Lake House, propiedad de la familia Wijewardene, posee la mitad de las publicaciones del país. Según un estudio de RSF, menos del 20% de los habitantes de Sri Lanka tiene acceso a un medio independiente.

El actual presidente de la república, Gotabaya Rajapaksa, se labró su reputación cuando era secretario de Estado de Defensa, en el gobierno de su hermano Mahinda, entre 2005 y 2015. En ese período, descrito por los periodistas de Sri Lanka como una década negra, “Gota” se transformó en el líder de la “banda de las furgonetas blancas”, en alusión a los vehículos en los que los periodistas eran secuestrados para ser ejecutados. Al menos 14 de ellos fueron hechos desaparecer con este método. Desde su llegada al poder en 2019, las presiones ejercidas por la policía contra los periodistas no han hecho sino recrudecerse.

La ley srilankesa no fija ninguna restricción a la libertad de expresión, pero nada garantiza la protección de los periodistas. El estatuto del Consejo de la Prensa, creado por una ley de 1973 para “regular” el sector, ya es en sí un problema, pues  la Presidencia de la República decide sobre la designación de la mayoría de sus miembros. Las autoridades invocan frecuentemente la ley sobre prevención del terrorismo para silenciar a los periodistas, empezando por aquellos que tratan de investigar sobre las condiciones de vida de la minoría tamil en el norte y este de la isla.

El mercado de los medios dirigidos al gran público está extremadamente concentrado. En el sector audiovisual, cuatro gigantes se reparten cerca del 80% de las audiencias. En este contexto, las autoridades públicas pueden ejercer una influencia considerable en los nombramientos o los despidos de los jefes de redacción, ya sea por medio de amistades políticas, de chantajes con las subvenciones o con los anuncios publicitarios o, simple y llanamente, de la corrupción. Como resultado, es en Internet donde se encuentran los contenidos informativos más independientes, liderados por las cadenas de televisión en línea. Los periodistas que presentan su programación son objeto de presiones e intimidaciones.

La prensa de Sri Lanka se dirige primordialmente a la mayoría cingalesa y budista que representa a tres cuartas partes de la población del país. En este contexto, es extremadamente peligroso formular críticas abiertas a la religión budista o a su clero, pues la Justicia ya se ha servido del código penal, en el pasado, para encerrar en prisión a periodistas sospechosos de “odio religioso”. De forma más general, tratar cuestiones relativas a las minorías tamiles y/o musulmanas es extraordinariamente sensible. Los periodistas y los medios que se han arriesgado a hacerlo, en los últimos años, han sido el blanco de detenciones, amenazas de muerte o ciberataques coordinados.

Al menos 44 profesionales de los medios han sido asesinados o declarados desaparecidos durante los últimos 20 años, dos décadas marcadas por el aplastamiento de la revuelta separatista de los Tigres Tamiles. Pese a que no se han registrado crímenes contra periodistas desde 2015, la impunidad sigue siendo absoluta. En 2019, décimo aniversario del fin de la guerra civil, se ha registrado un preocupante aumento de los ataques contra periodistas del norte y de la costa este de Sri Lanka, ubicaciones tradicionales de las poblaciones tamiles, donde los reporteros son sistemáticamente seguidos y acosados por la policía y el ejército. Estas zonas están cerradas a los medios independientes.