Guinea tiene un panorama mediático plural. Desde los años 90, la prensa escrita es profusa: de los 65 semanarios existentes, 10 se publican con regularidad, ya sean publicaciones satíricas como Le Lynx, o periódicos de información general como L'indépendant. El sector audiovisual  cuenta con cerca de 60 emisoras de radio y 10 cadenas de televisión. Un centenar de webs de información han visto la luz en los últimos 25 años. Sin embargo, la publicación de informaciones críticas e independientes sigue siendo difícil, especialmente si atañen a miembros del gobierno o a las fuerzas del orden. 

Durante la presidencia de Alpha Condé (2010-2021), las autoridades intentaban censurar regularmente a los medios críticos con el poder. Desde la llegada al poder de un gobierno de transición, la situación parece haberse calmado y el primer ministro se comprometió, en un encuentro con RSF, a defender la libertad de prensa en cuanto tomase posesión del cargo. Sin embargo, la ausencia de medidas concretas hace que los periodistas sigan siendo cautos. 

El fin de las penas privativas de libertad por delitos de prensa, recogida en la Ley sobre la Libertad de Prensa promulgada en 2010, constituye un avance significativo para proteger a los periodistas. No obstante, la Ley Orgánica sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, que también instaura el principio de transparencia, no ha entrado todavía en vigor, a pesar de ser adoptada en noviembre de 2020, y los periodistas siguen siendo objeto de arrestos y detenciones. 

Los medios públicos guineanos tienen trato de favor en detrimento de los medios privados, ya que el Estado prioriza el acceso de los públicos a los actos oficiales y de comunicación gubernamental. Las subvenciones concedidas a los medios privados se consideran insuficientes. Por otro lado, la pandemia de Covid-19 ha acrecentado las dificultades financieras del sector de la prensa.

Algunos temas como la homosexualidad, la poligamia o la violencia doméstica se tratan con cierta cautela, incluso con contención, para no ofender a la moral pública. Los periodistas que abordan la lucha contra la mutilación genital femenina o los matrimonios forzosos suelen ser acosados por los grupos religiosos. 

Las agresiones y la violencia hacia los periodistas son habituales, especialmente en las manifestaciones políticas. Los profesionales de los medios también sufren amenazas de muerte o acoso en las redes sociales. Los autores de estos actos de violencia, a menudo agentes de las fuerzas del orden, pero también activistas o militantes de partidos políticos, quedan impunes en su gran mayoría.