Con más de cuarenta publicaciones escritas, cerca de 130 emisoras de radio, algunas cadenas de televisión y una cantidad importante de medios digitales, el sector mediático en Liberia está en pleno auge desde hace veinte años, en parte, gracias a la estabilidad sociopolítica tras el fin de la guerra civil (1999-2003). Las emisoras de radio siguen siendo la principal fuente de información.  

Con una ley que facilita la creación de medios, numerosos políticos han aprovechado para crear empresas de prensa dirigidas por personas de su entorno. Esto no solo ha contribuido a la proliferación de medios, también ha reforzado la capacidad de influencia de los políticos sobre sus contenidos. El gobierno sigue teniendo un fuerte control de los medios estatales, mientras que las autoridades locales controlan a menudo el contenido y el funcionamiento de las radio comunitarias. 

El contexto jurídico ha mejorado notablemente en los últimos años. La Ley de Prensa, aprobada en 2018, ha derogado el delito de difamación al jefe del Estado y el de sedición. La Constitución garantiza la libertad de expresión, de prensa y de información, y existe una ley de acceso a la información. El Consejo Nacional de la Prensa, creado en 2016 a iniciativa del sindicato de periodistas Press Union of Liberia (PUL), permite que los medios se autorregulen a través de un código de conducta.

El contexto económico sigue siendo difícil y el mercado publicitario es muy exiguo. Los medios críticos con las autoridades no pueden acceder a la publicidad de las grandes empresas nacionales, cuya adjudicación depende del Ministerio de la Información. Los periodistas forman parte de los profesionales peor pagados del país, y las webs de información se suelen ver obligadas a escribir artículos de relaciones públicas a cambio de  apoyo financiero: una coacción que compromete la independencia de los medios.  

Siguen existiendo temas considerados como tabú por los medios, particularmente los relacionados con la mutilación genital femenina, así como las actividades relativas a la francmasonería. Ante las amenazas a los periodistas que intentan cubrir estos temas, la autocensura es bastante frecuente.

Los principales problemas de seguridad del periodismo provienen de las fuerzas del orden. En 2021, cometieron varios ataques contra contra periodistas con total impunidad. Sólo entre junio y julio de 2022, un periodista de investigación fue condenado a un mes de cárcel por "alteración del orden público" en un caso contra un político, y otros tres fueron agredidos por fuerzas de seguridad o responsables políticos.