Clasificación 2022
32/180
Puntuación: 76.71
Indicador político
38
72.73
Indicador económico
31
63.38
Indicador legislativo
25
82.16
Indicador social
39
81.89
Indicador de seguridad
35
83.40
Clasificación 2021
29/180
Puntuación: 79.56
N/D
Estos indicadores no están disponibles antes de 2022 debido a un cambio metodológico.

El clima de violencia contra los periodistas se ha relajado con la desactivación del conflicto catalán y no se ha visto tan afectado como en otros países en manifestaciones contra las restricciones de la pandemia. No obstante, crece la polarización política en los medios, y persisten leyes y actuaciones judiciales cuestionables.

Panorama mediático

El mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta. Los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE representan más del 75% del mercado. A nivel regional,  el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es considerable. La prensa escrita (digital y/o en papel) goza de una mayor diversidad de publicaciones y, por tanto, de mayor pluralidad y representatividad.

Contexto político

España es víctima de un clima de gran polarización política, del que no se libran unos medios de comunicación en los que la opinión contamina cada vez más a la información, acrecentando la desconfianza de la ciudadanía en la profesión periodística. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido acusado por varios medios de falta de transparencia en la gestión informativa de la pandemia, mientras que la ultraderecha encarnada por VOX señala y acosa sin pudor a periodistas que considera molestos.

Marco legal

La derogación de los artículos más polémicos de la “Ley Mordaza” se encuentra ya en trámites parlamentarios, si bien las fuerzas de seguridad siguen usando su capacidad sancionadora contra la prensa. Por otro lado, preocupa la proliferación de procesos judiciales sobre violencia policial a periodistas, en los que los jueces conceden todo el peso a la versión de los agentes, así como la imputación a periodistas de supuestos delitos de revelación de secretos, que se traducen en “procedimientos mordaza” (SLAPP: Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Contexto económico

La fuerte concentración de los medios privados se traduce en cierta opacidad sobre las influencias reales que ejercen los propietarios de los medios sobre los agentes públicos. Esta falta de transparencia afecta también a las inversiones en publicidad de las administraciones públicas y de las grandes compañías españolas. Desde la crisis de 2008 y la ola de cierre de medios y despidos masivos que supuso, la profesión se ha instalado en una precariedad ya cronificada.

Contexto sociocultural

La española es una sociedad tolerante y abierta a la diversidad, por lo que los periodistas rara vez afrontan presiones que no provengan de las autoridades. No obstante, delitos punibles con cárcel como los de “ofensa a los sentimientos religiosos”, “injurias a la Corona”, “ataques a los símbolos del Estado” o “enaltecimiento del terrorismo” han llevado en el pasado a atropellos contra la libertad de expresión. El Congreso de los Diputados admitió, en 2021, estudiar su despenalización.

Seguridad

A diferencia de otros países, las manifestaciones contra las restricciones impuestas por la pandemia y/o contra las vacunas, ni han sido tan numerosas, ni se han saldado con graves agresiones a la prensa. Por otra parte, la desactivación del conflicto en Cataluña, que había disparado la violencia contra los periodistas (policial y ciudadana), ha reducido drásticamente el número de agresiones. Sin embargo, el acoso y linchamientos en las redes sociales están en claro auge.