Clasificación 2023
36/ 180
Puntuación: 75,37
Indicador político
38
72.12
Indicador económico
37
60.33
Indicador legislativo
33
78.74
Indicador social
31
83.13
Indicador de seguridad
55
82.51
Clasificación 2022
32/ 180
Puntuación: 76,71
Indicador político
38
72.73
Indicador económico
31
63.38
Indicador legislativo
25
82.16
Indicador social
39
81.89
Indicador de seguridad
35
83.40

El clima de violencia contra los periodistas se ha relajado con la desactivación del conflicto catalán y no se ha visto tan afectado como en otros países en manifestaciones contra las restricciones de la pandemia. No obstante, crece la polarización política en los medios, y persisten leyes y actuaciones judiciales cuestionables.

Panorama mediático

El mercado español se caracteriza por una concentración mediática audiovisual alta. Los grupos privados Atresmedia y Mediaset, junto con el ente público RTVE representan más del 75% del mercado. A nivel regional,  el sector cuenta con una sólida presencia de los medios públicos, reunidos en torno a la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), sobre los que el riesgo de injerencias políticas es considerable. La prensa escrita (digital y/o en papel) goza de una mayor diversidad de publicaciones y, por tanto, de mayor pluralidad y representatividad.

Contexto político

España es víctima de un clima de gran polarización política, del que no se libran unos medios de comunicación en los que la opinión contamina cada vez más a la información, acrecentando la desconfianza de la ciudadanía en la profesión periodística. El Gobierno ha sido acusado por varios medios de rechazar preguntas en ruedas de prensa puntuales, mientras que los partidos más extremistas señalan a los periodistas que consideran molestos. La formación ultraderechista Vox sigue vetando a periodistas y medios de sus actos y esparciendo informaciones falsas.

Marco legal

El gobierno y sus socios parlamentarios han intentado derogar los artículos más controvertidos de la “Ley Mordaza” durante toda la legislatura, pero cada vez se hace más plausible un fracaso. La falta de acuerdo antes de las elecciones generales, previstas para el otoño de 2023, constituiría un grave incumplimiento de una de las grandes promesas del ejecutivo. Con el texto en vigor, la policía sigue utilizando su autoridad para sancionar a la prensa, y los tribunales suelen primar la versión de las fuerzas de seguridad frente a la de los periodistas, cuando son víctimas de la violencia policial.

Contexto económico

La fuerte concentración de los medios privados se traduce en cierta opacidad sobre la influencia real que ejercen los propietarios de los medios sobre los actores públicos. Esta falta de transparencia afecta también a los gastos publicitarios de las administraciones públicas y de las grandes compañías privadas españolas. Desde la crisis económica de 2008 y la ola de cierre de medios y despidos masivos que supuso, la profesión se ha instalado en una precariedad ya cronificada.

Contexto sociocultural

La española es una sociedad tolerante y abierta a la diversidad, por lo que los periodistas rara vez afrontan presiones que no provengan de las autoridades. El Parlamento ha emprendido el proceso de despenalización de las "injurias a la corona" y otros ataques a los "símbolos de la nación", que han impuesto tradicionalmente trabas a la libertad de expresión.

Seguridad

La desactivación del conflicto en Cataluña, que había disparado la violencia contra los periodistas por parte de la policía y manifestantes, ha reducido drásticamente el número de agresiones a los profesionales de los medios. Sin embargo, el acoso y linchamientos en las redes sociales están en claro auge, particularmente por parte de líderes y trolls de extrema derecha y de extrema izquierda.