España: RSF denuncia litigios abusivos contra los medios y pide al Gobierno una legislación protectora
Medios digitales españoles como infoLibre y El Confidencial han sido víctimas, en 2022, de acciones judiciales intimidantes y costosas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a España que adopte las recomendaciones de la Comisión Europea contra las SLAPP o “procesos mordaza”, con el fin de frenar estos litigios abusivos.
2022 ha sido el año en el que, por primera vez en la historia, se han adoptado medidas contra las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública) a escala europea, pero también el año en que varios medios españoles han sido víctimas de estos litigios abusivos.
“En la mayoría de estos procesos-mordaza contra medios y periodistas españoles, el fin último no es tanto el encarcelamiento, como la intimidación. El objetivo es silenciar, asustar y autocensurar. La consecuencia es el desgaste de los recursos humanos, económicos y psicológicos de los medios y periodistas víctimas de estos ataques.
El pasado septiembre, el ex candidato del partido de extrema derecha Vox a la presidencia de Andalucía, Francisco Serrano, demandó al medio digital infoLibre y a uno de sus periodistas, Ángel Munárriz, por un presunto delito de revelación de secretos contra este político, acusado de recibir de forma fraudulenta subvenciones por valor de 2,4 millones de euros. Las informaciones de infoLibre desencadenaron investigaciones policiales y judiciales por fraude contra Francisco Serrano y otras tres personas. El periodista Ángel Munárriz se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel, según el artículo 199 del Código Penal español. infoLibre ya había sido objeto, en 2021, de otra demanda por presunta revelación de secretos del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras y el ex número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea. La causa fue archivada un año después.
17 millones de euros por “atentado al honor”
El periódico digital El Confidencial ha publicado, durante dos años, medio centenar de artículos sobre los supuestos vínculos entre Ignacio Sánchez Galán, presidente del gigante eléctrico Iberdrola, y el ex comisario de policía José Manuel Villarejo, a quien habría encargado el espionaje de políticos y empresarios.
Las revelaciones del medio contribuyeron a las causas abiertas contra el ex comisario y a la causa judicial contra el grupo Iberdrola. En febrero de 2022, el grupo editor Titania, propietario de El Confidencial, y tres periodistas del medio fueron objeto de una demanda de la compañía. Iberdrola reclama al medio 17,5 millones de euros por daños y perjuicios, es decir, el 70% de su facturación. El litigio se basa en una supuesta campaña de descrédito y acoso mediático que habría vulnerado el derecho al honor de Sánchez Galán y causado daño reputacional a la eléctrica y su dirigente. Pese a que sobre el medio pende esta demanda astronómica, el director adjunto de El Confidencial, Carlos Sánchez, se muestra optimista, ya que la fiscalía ha solicitado el archivo de todas las diligencias. El Confidencial es, además, uno de los pocos medios digitales españoles con un accionariado sólido e independiente, que le permite bandear estas gravosas acciones judiciales.
Un fenómeno habitual que viene de lejos
En el sector privado, como en el público, las demandas contra los medios españoles se fundan casi sistemáticamente en presuntos delitos contra el honor, como la difamación, así como en la revelación de secretos. Ya en 2018, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, demandó al director de ElDiario.es, Ignacio Escolar, y a la redactora del medio Raquel Ejerique, por presunta revelación de secretos. El medio publicó una larga serie de revelaciones que demostraron que Cristina Cifuentes había obtenido un máster de postgrado de forma fraudulenta. El proceso duró tres años, la causa acabó archivándose y se saldó con la dimisión de Cristina Cifuentes.
Bajo esta proliferación de procesos judiciales podría esconderse una forma de amordazar a la prensa con medios “legales” y de cercenar el debate público, por parte de políticos y empresarios. “Las acciones judiciales abusivas crean un sentimiento de vulnerabilidad y de ansiedad en los periodistas, enfrentados a acusaciones punibles con cárcel y a un daño contra su reputación profesional”, afirma Daniel Basteiro, director de infoLibre.
“España tiene que proteger mejor a sus periodistas contra el uso de recursos judiciales con fines intimidatorios contra la prensa. Las soluciones están ahí, solo hay que aplicarlas. Llamamos a las instituciones españolas a adoptar sin demora las recomendaciones de la Comisión Europea para luchar contra las SLAPP, que prevén garantías procesales y sanciones contra los procesos-mordaza aplicables a escala nacional.
Frente a este problema común en toda Europa, la Comisión Europea ha adoptado una serie de recomendaciones anti-SLAPP para que los periodistas puedan seguir arrojando luz sobre las actuaciones del poder político y económico, que éstos pretenden esconder abusando del recurso a “procesos-mordaza”. Estas recomendaciones proponen medidas preventivas que permiten desestimar con rapidez las demandas abusivas, así como sanciones punitivas contra los autores de estas acciones, con el fin de disuadirlos a ellos y a quienes quisieran recurrir a las SLAPP como método para silenciar a la prensa.
España ocupa el puesto 32 de los 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF 2022.
