A pesar de la vivacidad de medios de comunicación como Talamua Media y The Samoa Observer, el archipiélago está dejando de ser un modelo de libertad de prensa en la región del Pacífico. En 2013 las autoridades habían abolido la ley que penalizaba la difamación, lo que había suscitado verdaderas esperanzas. Causa perdida: en diciembre de 2017 el parlamento restableció esta ley, bajo la presión del Primer Ministro, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, a fin de poder juzgar a los periodistas que se atrevieran a criticar a los miembros del gobierno. Desde entonces, en numerosos discursos el Primer Ministro ha pretendido explicar a los periodistas cómo hacer su trabajo y dictarles qué pueden o no investigar. A inicios de 2018 hizo una advertencia a los medios de comunicación, les dijo que “no jugaran con fuego” publicando información demasiado crítica, pues podría censurar sus sitios web. Estas amenazas reiteradas llevaron a la Alianza de Profesionales de los Medios de Comunicación para el Desarrollo (Samoa Alliance of Media Practitioners for Development, SAMPOD) a movilizar al gremio periodístico para reafirmar el derecho fundamental de la población a tener acceso a una información plural, libre e independiente, como condición indispensable para el ejercicio de la democracia en el país.
Una muestra de cómo ha empeorado la situación es que, en 2020, el primer ministro Tuilaepa amenazó con prohibir Facebook y él mismo presentó una denuncia por difamación contra un bloguero cuyos comentarios le había desagradado.