Níger registró una alentadora y significativa disminución de las violaciones a la libertad de prensa en los últimos dos años, pero los aspectos preocupantes siguen siendo numerosos. El gobierno aún no ha conseguido que los medios privados puedan acceder fácilmente a la publicidad y a proporcionar información de servicio público a la población nigerina. En una región marcada por la lucha contra el terrorismo, se sigue restringiendo el trabajo de los periodistas en las zonas más peligrosas. El acceso a la información es muy difícil cuando se abordan temas como el terrorismo y los migrantes; la información es retenida tanto por las autoridades como por ciertas organizaciones internacionales. En los últimos años se han registrado detenciones de periodistas y suspensiones de medios de comunicación arbitrarias. En vez de aplicarles la ley de prensa, que pone fin a las penas privativas de libertad por delitos de este tipo, a veces se juzga y encarcela a periodistas al amparo de artículos del Código Penal o de la nueva y muy polémica ley de delitos digitales, como le ocurrió a un periodista en 2020. Las querellas emprendidas en 2020 contra el director de L'Événement y la detención preventiva de su colega de Courrier por haber revelado un caso de malversación de fondos en del Ministerio de Defensa dan testimonio de las amenazas que pesan sobre el periodismo de investigación y los avances que aún quedan por hacer para proteger a los periodistas que, con su trabajo, contribuyen a la lucha contra la corrupción. En 2017 un periodista conocido por su profesionalismo y su visión crítica de la gestión del gobierno fue condenado a dos años de prisión incondicional y fue privado de sus derechos civiles y políticos durante 10 años. Aunque es nigeriano, cuando salió de prisión las autoridades lo deportaron a Malí. En 2018, cerca de una decena de medios de comunicación fueron cerrados durante días, incluso semanas, por razonas fiscales; la mayoría de ellos subsiste en medio de una gran precariedad económica.
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