Aunque Lesoto se unió en 2018 al grupo de países –aún muy pequeño– que declaró inconstitucional la difamación, las presiones de las autoridades sobre los periodistas y los medios de comunicación siguen aumentando. En 2020, durante una manifestación, la policía disparó contra una periodista y varios de sus colegas fueron arrestados arbitrariamente. Las autoridades también han hecho una proposición de ley muy inquietante sobre la difusión de contenidos en internet, que exigiría estar registrada a cualquier persona con más de 100 seguidores y, por tanto, sujeta a las mismas obligaciones que los medios audiovisuales. En los últimos años, el gobierno demandó a una radio por “incitación a la violencia” porque esta difundió una serie de reportajes críticos; el ejército acusó de espionaje a una periodista de investigación porque dio a conocer las indemnizaciones económicas que reclamaban antiguos rebeldes; el jefe de redacción de Lesotho Times, a quien un grupo de militares intentó asesinar en 2016, aún espera que se realice un proceso justo, imparcial. Las intimidaciones son tan fuertes que es común que los periodistas se autocensuren, algunos incluso han optado por exiliarse en Sudáfrica para escapar de ellas. Los diarios y la radio –que sigue siendo el principal medio de comunicación debido al costo de distribución de los medios impresos y a la baja alfabetización–, pierden poco a poco su libertad, ya que aún dependen de los ingresos provenientes de la publicidad oficial. La información en línea sigue siendo relativamente libre, sin embargo, sólo una pequeña parte de la población tiene acceso a Internet debido a la falta de infraestructura y al costo de la conexión.
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