Si bien el panorama mediático suizo goza de un servicio público audiovisual fuerte (SSR-SRG) y de una prensa escrita tradicionalmente muy diversa, ésta es víctima, desde hace varios años, de una concentración inédita derivada de la transición digital y de sus consecuencias. Entre las principales cabeceras de la prensa escrita de la Suiza francófona destacan 24 heures, la Tribune de Genève, Le Temps y La Liberté y, en la Suiza germánica, Blick, Tages-Anzeiger, Neue Zürcher Zeitung y Basler Zeitung. 

Los periodistas suizos permanecen a salvo de las presiones políticas, a pesar de la cercanía que mantienen algunos medios con determinados partidos políticos. El grupo público audiovisual dispone, sin embargo, de garantías sólidas contra la injerencia del poder político en la configuración de su parrilla de emisión. No obstante, han surgido fuertes críticas por una supuesta falta de pluralismo en sus canales.

Aunque los periodistas trabajan en un entorno legal y normativo que respeta en general la libertad de prensa, algunas leyes resultan problemáticas. En 2022, el Parlamento Federal aprobó un endurecimiento de las "medidas cautelares" que permiten el bloqueo preventivo de contenidos periodísticos por parte de la justicia. Por otra parte, las tentativas para corregir los efectos de una ley -una excepción suiza- que penaliza la difusión de información amparada por el secreto bancario, han sido inútiles. Esta ley disuadió a los medios helvéticos de participar en SwissLeaks, que reveló en 2015 la existencia de un sistema internacional de fraude fiscal.

La concentración de los medios y la tendencia a la reducción de personal en las redacciones han aumentado en el curso de los últimos años. Esta evolución se ha hecho notar especialmente en el ámbito de la prensa local, que ha visto cómo varias cabeceras han desaparecido o han sido compradas por los grandes grupos de prensa que dominan el mercado. Tras el fracaso del referéndum sobre una iniciativa para aumentar las subvenciones públicas a los medios, cualquier intento en ese sentido parece políticamente bloqueado. El gobierno pretende reducir el importe del canon de televisión en torno a un 15%, mientras que una propuesta de referéndum ("iniciativa popular") propone reducirlo en un tercio. 

A través de sus acciones, algunos movimientos de la sociedad civil pueden potenciar condicionamientos culturales que pueden llevar a una cierta censura o autocensura. Así, en 2021, militantes antirracistas o que se reivindicaban como defensores de los movimientos feminista o LGTB realizaron llamamientos a determinados medios para que retiraran contenidos satíricos. En un caso, estos llamamientos se habrían traducido en daños materiales en los vehículos de trabajo de una redacción como forma de intimidación.

Tras los disturbios que se produjeron durante la crisis sanitaria, en los que los periodistas fueron agredidos periódicamente por activistas contrarios a las medidas adoptadas para combatir la pandemia del Covid-19, la situación en materia de seguridad ha vuelto a la calma.