Todas las cadenas de televisión privadas independientes tienen prohibido emitir, con la excepción de los canales de entretenimiento por cable. Ya no se puede acceder en Rusia a numerosos medios occidentales, como Euronews, France 24 o la BBC sin que haya habido alguna decisión legal, administrativa o judicial. El organismo regulador de los medios, Roskomnadzor, ha censurado la mayoría de digitales independientes de información, y los más populares, como Meduza y TV Rain, han sido declarados "organizaciones indeseables": cualquier mención o cita de estos medios es susceptible de persecuciones penales. Los que subsisten son medios estatales o que pertenecen  a personas próximas al Kremlin. Sus empleados están obligados a seguir las instrucciones de la administración presidencial sobre los temas que deben evitar y están sometidos a una autocensura muy estricta. La situación es idéntica para las emisoras de radio.

Desde el inicio de la pandemia, el presidente Vladimir Putin parece estar cada día más aislado del mundo exterior. Solo un círculo muy restringido tiene acceso a su persona y las últimas instituciones de decisión colegiada, como el Consejo de Seguridad, en realidad ya no lo son. El Parlamento se ha transformado definitivamente en un mero registro de las decisiones adoptadas por el Kremlin y busca demostrar su lealtad con proposiciones cada vez más represivas. El discurso oficial, inmediatamente reproducido por una maquinaria de propaganda omnipresente, se basa principalmente en relatos sobre los “agravios históricos” sufridos por Rusia y en teorías del complot.

Ningún periodista, incluso en exilio, está a salvo de un procedimiento judicial potencialmente grave, fundado en leyes represivas formuladas de forma ambigua y, a menudo, votadas precipitadamente. Ya en los inicios de la pandemia de Covid-19, varias leyes relativas a la libertad de expresión fueron reformadas para incluir en el Código Penal delitos como la difamación o la difusión de “informaciones falsas”. Con la guerra en Ucrania, han recibido un nuevo impulso: el Parlamento ha adoptado con gran celeridad enmiendas que castigan con penas de hasta 15 años de cárcel las “informaciones falsas” sobre el ejército ruso y sobre cualquier otro organismo del Estado ruso que opere en el extranjero. Las acusaciones de "extremismo" y "apología del terrorismo" también se utilizan cada vez más. 

La invasión rusa de Ucrania y las severas sanciones impuestas por las democracias occidentales han provocado una ruptura brutal de la economía rusa con las economías europeas, a las que estaba estrechamente vinculada, generando una profunda incertidumbre. Más allá de la censura, que ha obligado a numerosos medios a echar el cierre y ha empobrecido a los periodistas independientes hasta llevarlos a la reconversión o al exilio, el mercado publicitario ha fluctuado significativamente, afectando principalmente a la prensa regional.

Aunque la tasa de conexión a Internet es muy alta en el país, aproximadamente dos tercios de los rusos se informan esencialmente a través de la televisión, sometida al poder, y de las redes sociales nacionales, como VKontakte. La homosexualidad o los sentimientos religiosos se han transformado paulatinamente en temas tabú para los medios bajo la presidencia de Vladimir Putin, que ha fomentado el conservadurismo en la sociedad rusa.

En los últimos años, al arsenal de intimidación sistemática contra los periodistas se han sumado duras condenas e incluso torturas –principalmente a nivel regional–, además de frecuentes multas y detenciones de corta duración con diversos pretextos. Los medios viven, además, bajo la amenaza de ser incluidos de forma arbitraria en la lista de “agentes extranjeros”, un marchamo que acarrea farragosas y costosas trabas administrativas, y el riesgo de acciones judiciales. También pueden ser incorporados a la lista de “organizaciones indeseables”, que criminaliza cualquier forma de colaboración y la mera mención del medio señalado. Estos nuevos peligros surgidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania han hecho que numerosos periodistas independientes opten por el exilio. Aún así, las autoridades mantienen la presión sobre ellos “visitando” a sus allegados e, incluso, condenándolos en rebeldía.