Desde 2020, Singapur se sitúa en la "zona negra" de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, lo que significa que su situación es " muy grave". La Ciudad-Estado, que se jactaba de ser la “Suiza de Asia” –retomando una de las frases predilectas de la propaganda del gobierno-, finalmente no tiene mucho que envidiarle al contramoledo chino cuando se trata de reprimir la libertad de prensa. El gobierno del primer ministro Lee Hsien Loong siempre está listo para emprender procesos judiciales contra sus detractores, ejercer presiones para que no encuentren empleo e, incluso, para que se vean obligados a abandonar el país. La Autoridad de Desarrollo de los Medios de Comunicación (Media Development Authority, MDA) puede censurar cualquier contenido periodístico. En Singapur son comunes los procesos judiciales por difamación, a los que en ocasiones se suma el cargo de “sedición”, un delito que puede castigarse con 21 años de cárcel. Este desaforado control político va acompañado de una camisa de fuerza económica. Dos grandes grupos poseen la totalidad de la prensa escrita, las radios y el sector audiovisual de Singapur: el primero, MediaCorp, es propiedad de una empresa de inversión estatal; el segundo, Singapore Press Holdings, está oficialmente sujeto al derecho privado, pero sus directores son nombrados por el gobierno. Como resultado, la autocensura se ha generalizado, incluso en los medios de comunicación alternativos independientes, intimidados por las presiones judiciales y económicas de las autoridades. La famosa línea roja, que los periodistas llaman ""OB Markers"" (“Out of Bounds”, fuera de los límites), restringe de manera cada vez más drástica la cobertura periodística de numerosos temas y figuras públicas. Las autoridades también adquirieron la costumbre de presionar a los periodistas a través de correos en los que les piden que retiren de Internet los textos que les molestan y los instan a alinearse, blandiendo la amenaza de que podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años. Finalmente, la ley “anti-fake news”, un texto orwelliano aprobado en 2019, obliga a cualquier medio o plataforma a incorporar “correcciones” a cualquier información que el gobierno considere “incorrecta”, algo sometido a la total arbitrariedad. Esta oficina de censura versión 2.0 permitió al gobierno imponer a los medios su propia versión de la verdad sobre temas tan diversos como la pena de muerte, el salario de la esposa del primer ministro o la gestión de la Covid-19.
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