Cuando Khadga Prasad Sharma Oli se encontraba en la oposición era un gran promotor de la libertad de prensa y del pluralismo. Sin embargo, desde que llegó al poder, a principios de 2018, multiplica los intentos de amordazar a los reporteros. Un ejemplo simbólico de esta coacción es que, a principios de 2020, la asesora de prensa del primer ministro marginó a una periodista política solo porque se atrevió a criticar sus acciones. De hecho, la adhesión política de los medios nepalíes es muy fuerte, por lo que la prensa progubernamental se parece más que nada a los medios de propaganda. Como contrapartida, el gobierno central suele ofrecer publicidad únicamente a los periódicos que son más favorables a su línea. La autocensura es muy fuerte y se ve especialmente favorecida por leyes draconianas. El nuevo Código Penal, adoptado en agosto de 2018, incluye disposiciones que imponen grandes obstáculos al periodismo de investigación e impiden la crítica de dirigentes y funcionarios. El gobierno también ha intentado que se apruebe un proyecto de ley que contempla la creación de un órgano regulador de contenidos periodísticos, cuyos miembros serían nombrados directamente por el poder ejecutivo. Otro aspecto preocupante es la “retórica contra los medios de comunicación” formulada por representantes del gobierno, que es ampliamente difundida por los diarios, las estaciones de radio y los canales de televisión del Estado. Existe un asunto que es un tabú absoluto y que envenena los debates sobre la libertad de prensa en Nepal: se trata de la total impunidad que rodea a los crímenes cometidos contra los periodistas durante la década de la “Saśastra Dvandvakāla”, la guerra civil que asoló el país entre 1996 y 2006.
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