Durante el mandato de Abdulla Yameen –presidente de 2013 a 2018, cuyo gobierno era hostil a toda crítica–, Maldivas no dejó de descender en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF: en sólo un lustro pasó del lugar 103 al 120. Por ello, la victoria de Ibrahim Mohamed Solih en las elecciones presidenciales realizadas en septiembre de 2018 generó esperanzas, sobre todo porque éste había hecho promesas concretas en favor de la libertad de prensa. Una primera promesa que ya cumplió: a dos meses de su elección, el Parlamento abrogó la ley contra la difamación, que databa de 2016. Esta norma draconiana fue empleada con frecuencia por el gobierno para presionar a los medios de comunicación independientes, como el canal Raajje TV, que debió pagar multas equivalentes a 215.000 euros por haber difundido contenidos que supuestamente difamaban al entonces presidente. Las agresiones de las fuerzas del orden contra los periodistas que cubren las protestas siguen siendo una realidad. Las autoridades de Maldivas también han logrado avances alentadores en la lucha contra la impunidad: aunque todavía no son satisfactorias, las investigaciones sobre la desaparición del periodista Ahmed Rilwan Abdulla (en agosto de 2014) y sobre el asesinato a puñaladas del bloguero Yameen Rasheed (cometido en abril de 2017) han progresado de manera notable.
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