Con cuatro periodistas asesinados a causa de su trabajo en 2020, la India es uno de los países más peligrosos para los reporteros que quieren ejercer su oficio. Son víctimas de todo tipo de ataques: violencia policial, emboscadas promovidas por militantes políticos, represalias de grupos mafiosos y potentados locales corruptos... Desde las elecciones generales, celebradas en la primavera de 2019 –en las que Bharatiya Janata Party, el partido del Primer Ministro, Narendra Modi, obtuvo una victoria arrasadora–, la presión ejercida sobre los medios de comunicación para imponer el discurso del gobierno nacionalista hindú se ha incrementado considerablemente. Los defensores de la hindutva (ideología matriz del nacionalismo hindú) llevan a cabo una verdadera purga de todas las ideas ""antinacionalistas"" que pudieran encontrarse en el debate público. Emprenden en las redes sociales aterradoras campañas de acoso contra los periodistas que se atreven a hablar o escribir sobre temas que les molestan, incluso incitan a su asesinato. Estas campañas son particularmente violentas cuando el blanco es una mujer. En el área penal, a menudo se recurre a procesos para hacer callar a los periodistas que se considera son demasiado críticos frente a las autoridades, en virtud de la sección 124A del Código Penal, que castiga con cadena perpetua la "sedición". En 2020, el gobierno utilizó la crisis del coronavirus para aumentar su control de la información y emprendió acciones legales contra los periodistas que proporcionaban datos que diferían del discurso oficial. La situación en Cachemira también sigue siendo muy preocupante. La policía y las fuerzas paramilitares hostigan frecuentemente a los reporteros, que además están sometidos a regulaciones de contenido absolutamente orwellianas. Ha habido incluso cierres de medios, como fue el caso del diario de referencia en el área del valle, Kashmir Times.
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