Bangladesh
En 2020, la crisis sanitaria del coronavirus y el consiguiente confinamiento provocaron un aumento preocupante de la violencia por parte de policías y civiles contra los reporteros. Numerosos periodistas, blogueros y caricaturistas también han sido detenidos y procesados por su labor de información sobre la situación sanitaria y social. En el ámbito jurídico, el poder ejecutivo cuenta con un arma hecha a la medida para acallar las voces que le molestan: la ley de seguridad digital, adoptada en 2018, que contempla penas de hasta 14 años de prisión por hacer “propaganda negativa”. Resultado: la autocensura alcanza un nivel récord, ya que los editores temen –con justa razón– que los encarcelen o que cierren su medio de comunicación. Tras revalidar su victoria electoral en 2019, la Liga Awami y su líder, la primera ministra Sheikh Hasina -en el poder desde 2009-, endurecieron de forma significativa su actitud contra los periodistas: agresiones perpetradas por militantes políticos, bloqueo de medios digitales de información, detenciones arbitrarias... Un ejemplo de esta atmósfera de suspicacia es que no se permite a los periodistas de los dos principales diarios, Prothom Alo (en bengalí) y Daily Star (en inglés), asistir a las conferencias de prensa del gobierno. En cuanto a los reporteros que investigan casos de corrupción y/o a las mafias locales, son víctimas de agresiones extremadamente bárbaras, que van desde la tortura hasta el asesinato.