La antigua Suazilandia, pequeño país enclavado en el sur de África que en 2018 se convirtió en Esuatini por decreto del rey, es una monarquía absoluta que impide a los periodistas ejercer su oficio de manera libre e independiente. En el reino de Mswati III ninguna corte de justicia cuenta con facultades para procesar y juzgar a los miembros del gobierno, en cambio, cualquier crítica a la monarquía puede ser motivo de un proceso penal. El poder judicial, lejos de ser un baluarte independiente y protector de las libertades, suele servir de instrumento para debilitar al periodismo. En 2019, por ejemplo, un fallo judicial prohibió que se publicara información sobre las condiciones con que una nueva banca instalada en el reino había obtenido su licencia. La cultura del secreto, omnipresente, dificulta el acceso a la información. El Estado controla por completo los medios de comunicación. La “pluma del rey” –quien escribe sus discursos– también es jefe de redacción de uno de los diarios más antiguos y populares del país. Los medios audiovisuales de información están totalmente controlados por el poder, igual que la única televisión privada del país, que pertenece a la familia real. Decenas de leyes liberticidas, que permiten juzgar a los periodistas, contemplan severas sanciones para quien critique a la monarquía. El acoso, las intimidaciones y las agresiones físicas a los profesionales de la información son comunes y provocan que estos se autocensuren de forma casi permanente por miedo a represalias. En 2020, dos directores de medios digitales de información se vieron obligados a huir a causa de artículos que criticaban al rey, abogaban por la llegada de un sistema multipartidista o cuestionaban la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. Uno de ellos fue torturado mientras estaba detenido. Luego, la policía agredió a su esposa en un intento de localizar el lugar donde se había refugiado el periodista cuando lo pusieron en libertad. Dos años antes, un periodista de investigación recibió amenazas de muerte y se exilió en Sudáfrica por publicar un artículo en el que exponía la participación del rey en un caso de corrupción. Su periódico lo cerraron por orden del monarca.
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