Desde 1996, ocho periodistas han sido asesinados o desaparecieron en Ruanda y 35 se han visto obligados a exiliarse. A pesar de que en 2010 se introdujo una nueva ley de medios y de los esfuerzos por extender la red de internet por todo el país, el marco legal sigue siendo muy represivo, y el espectro del genocidio de 1994 todavía permite que los medios que critican al gobierno sean etiquetados como "divisionistas". En 2015 se suspendieron las emisiones de la BBC en lengua kiñaruanda después de que dicho medio difundiera un documental sobre las muertes causadas por el avance militar en Kigali del FPR (Frente Patriótico Ruandés, ahora el partido en el gobierno). La reelección en agosto de 2017 de Paul Kagame, que pudo postularse para un tercer mandato gracias a una enmienda constitucional, reafirma la continuidad de un régimen censor y represor. También es muy común que los periodistas extranjeros no obtengan visas o acreditaciones para hacer su trabajo. Lo cierto es que, en los últimos años, ha descendido la cifra de abusos registrados por RSF, pero la censura sigue siendo omnipresente y la autocensura es la norma para evitar aparecer en la vitrina de trofeos de caza del régimen, especialmente desde que, en 2018, la reforma del Código Penal mantuvo las penas de prisión por desacato y difamación en la prensa. En 2020, Dieudonné Niyonsenga, que dirige Ishema TV, un canal de televisión por internet ruandés, fue arrestado y encarcelado en la mayor opacidad tras ser acusado de "infringir las reglas de confinamiento".
Ruanda