Aunque han disminuido las agresiones a periodistas, la libertad de prensa aún es frágil en Malí. A la gravísima situación de inseguridad por la amenaza terrorista, en agosto de 2020 vino a sumarse un golpe de estado militar, el cuarto desde que el país se independizó, en 1960. El hecho de que se haya ampliado la capacidad de controlar a los medios, justificada por la situación sanitaria, ha agudizado las preocupaciones de la profesión, que espera que las nuevas autoridades de transición hagan por fin realidad la despenalización de los delitos de prensa. Más de siete años después del asesinato a sangre fría de dos periodistas de Radio Francia Internacional (RFI) en Kidal, la investigación aún no ha concluido y se desconocen las circunstancias en que se cometió el crimen. En 2019 una investigación emprendida por colegas de los periodistas asesinados contradijo la versión oficial del ejército francés sobre su papel en el desarrollo de los acontecimientos. Desde la crisis de 2013, el norte y el centro del país son zonas peligrosas y de difícil acceso para la prensa, como lo muestran el asesinato de un periodista en Tombuctú en 2015 y el secuestro de un reportero que viajaba en el centro del país, a finales de 2018. RSF sigue investigando la desaparición de un periodista del que no se tienen noticias desde enero de 2016. Varias investigaciones periodísticas y de la familia sospechan de la participación en este asunto del hijo del expresidente de Malí, Karim Keita, quien persigue sistemáticamente a los periodistas y medios de comunicación que lo asocian con esta desaparición. Los medios de comunicación de Malí padecen presiones del gobierno, sobre todo cuando abordan temas relativos a la seguridad. Cualquier crítica al ejército puede provocar que los periodistas sean detenidos e inculpados de difundir discursos que incitan a la desmovilización de las tropas. Aunque la prensa de Malí goza de un gran pluralismo, carece de recursos y está luchando por liberarse de los dictados editoriales de sus promotores.
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