Las polémicas elecciones presidenciales de 2019 dejaron huella en las redacciones: las autoridades bloquearon las redes sociales y prohibieron los programas de radio en vivo en los que se daba la palabra a los auditores, mientras se anunciaban los resultados y las oficinas de dos canales de televisión privados sufrieron actos de vandalismo. Estos atentados contra la libertad de prensa frenan el progreso registrado en los últimos años, durante los cuales el número de agresiones a reporteros había disminuido considerablemente. En febrero de 2017 se promulgó una ley que permite solicitar información sobre funcionarios, políticos e instituciones –más de doce años después de que se iniciaran las discusiones sobre este tema–, pero aún no se aplica plenamente. Por otra parte, el marco legislativo que regula la prensa sigue siendo muy represivo y aún contempla penas de prisión por ofensa al jefe de Estado. Asimismo, una ley sobre ciberseguridad adoptada en 2016 sanciona los mensajes “ofensivos” con penas de prisión. Ésta podría emplearse contra blogueros y periodistas durante las elecciones generales. A inicios de 2018 Daily Times debió disculparse cuando el partido en el poder le reclamó que su tratamiento de la información favorecía a otra fuerza política. Meses después, las autoridades fiscales cerraron la sede de un grupo de medios de comunicación crítico frente al poder.
Malaui