La precariedad de los periodistas y de los medios de comunicación de Madagascar hace que sean muy vulnerables a la influencia de empresarios y políticos, quienes poseen numerosos medios de comunicación. En las elecciones presidenciales realizadas a finales de 2018, en las que ganó el ex líder de la transición, Andry Rajoelina, se confirmó la fuerte politización de los medios de comunicación locales, sobre todo de la prensa escrita. Casi todas las publicaciones tomaron partido por uno u otro de los principales candidatos, por lo que los ciudadanos tuvieron un limitado acceso a una información objetiva e independiente. Poco después, propietarios de medios de comunicación fueron nombrados para ocupar puestos de gobierno. Hay eventos oficiales a los que sólo pueden tener acceso los medios de comunicación y los periodistas cercanos al gobierno. El panorama mediático se presenta cada vez más polarizado, y los medios rivales libran una auténtica guerra, que en ocasiones llega a citaciones en la brigada criminal por desinformación y por alteración del orden público, como sucedió a principios de 2021. La crisis sanitaria también ha servido para darle una vuelta de tuerca al debate público, ya que se han prohibido las intervenciones en directo de los oyentes, además de obligar a todos los medios audiovisuales privados a difundir los programas que las radios y televisiones públicas dedican a la pandemia. Los que no han respetado esta medida cautelar han recibido una advertencia. En el plano legal, en 2016 se adoptó un Código de Comunicación que remite al código penal para juzgar los delitos de prensa, lo que puede conducir a una criminalización de los reporteros. Asimismo, éste contempla elevadas multas para sancionar delitos como el desacato, la difamación y la difusión de “noticias falsas”, un término muy impreciso, que elimina el derecho al error de los periodistas. Pero las condenas siguen siendo raras. El periodista Fernand Cello –quien fue nominado para recibir el Premio Reporteros sin Fronteras a la Libertad de Prensa 2017– fue absuelto por la justicia en 2019, tras varios años de proceso. El reportero había dado a conocer casos comprometedores para las autoridades judiciales y políticas de su región. Aún sigue siendo difícil para los periodistas tratar temas como la corrupción, sobre todo en el área de recursos naturales y medioambiente.
Madagascar