El pluralismo de Congo Brazzaville es pura apariencia: aunque existen cerca de veinte televisiones privadas, unos veinte diarios y cuarenta radios, los medios de comunicación se ven fuertemente incitados a autocensurarse; muchos de ellos pertenecen a personas cercanas al gobierno. En los últimos años, muchos periodistas han sufrido amenazas, otros han tenido que exiliarse o han sido expulsados del país por haber criticado al gobierno o invitado a la oposición a expresarse. En las elecciones de 2016 se suspendió el acceso a internet en todo el país para impedir que periodistas y activistas pudieran verificar o discutir los resultados. A veces, los sancionados son los medios cuando sus críticas se dirigen a las autoridades o a círculos cercanos al poder. Así lo demostró, en 2019, el requerimiento a un semanario al que se presionó para que revelara sus fuentes e interrumpiera su labor de investigación sobre la agencia nacional de aviación civil. Las presiones sobre los periodistas a menudo se ejercen de manera insidiosa, por teléfono o de forma verbal, para no dejar rastros: es lo que le ocurrió a uno de los presentadores de televisión más famosos del país, al que sacaron de antena en 2020 después de hacer preguntas que avergonzaron a un ministro. En 2018, por fin fue puesto en libertad el editor del semanario independiente Talassa, Ghys Fortuné Bemba, quien estuvo detenido año y medio. Más recientemente, a principios del año 2021, otro director de una publicación fue detenido en su cama de hospital y encarcelado como un delincuente común a raíz de una simple denuncia por difamación de la esposa del jefe de los servicios de seguridad del país. Finalmente, el cierre de varios medios en los últimos años, entre ellos dos cadenas de televisión en 2019, refleja la precariedad del sector, que ha visto agravada por la crisis sanitaria. El fondo de emergencia anunciado con este fin nunca llegó a materializarse.
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