Después de que Nicolás Maduro accediese al poder, las medidas gubernamentales en contra de la pluralidad de los medios se acentuaron. Debido al monopolio oficial sobre las importaciones de papel y de suministros para imprentas, desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país. Mediante una política opaca de concesión y revocación de las licencias de radio, las autoridades han obligado a echar el cierre a 200 emisoras de radio. Además, el ejecutivo venezolano persiste en su bloqueo a los contenidos informativos en Internet, afectando gravemente a las webs de noticias no oficialistas. Radio Fe y Alegría, Efecto Cocuyo, Runrunes, Unión Radio, El Estímulo, El Pitazo y El Diario son los principales medios independientes del país. 

En Venezuela, el poder ejecutivo ejerce un control estricto sobre los poderes legislativo y judicial, lo cual ha creado un sistema institucional disfuncional. En este contexto, a pesar del agotamiento de las fuerzas opositoras y prodemocráticas, a finales de 2023 se consolidó un nuevo liderazgo en torno a María Corina Machado, después de que se impusiera en unas elecciones primarias de la oposición. Sin embargo, fue inhabilitada por una sentencia de inelegibilidad de 15 años dictada en enero de 2024 por el Tribunal Supremo, mientras que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato. Los medios del Estado y los portavoces oficiales no dudan en desacreditar, perseguir e incluso amenazar públicamente a los periodistas independientes.

La libertad de expresión se consagra en el artículo 58 de la Constitución, pero no existe ninguna política para protegerla. Algunas normas extravagantes, como la “Ley contra el Odio”, se han aprobado en una Asamblea Nacional Constituyente controlada por el régimen de Maduro, que se hizo ilegalmente con el poder legislativo. Unos 80 venezolanos han sido sancionados, entre ellos diecisiete periodistas y medios de comunicación, esencialmente por criticar a personalidades influyentes del país, sobre todo en las redes sociales, amparándose en  la aplicación de esta ley.

Entre 2015 y 2020, la economía del país se ha hundido por el efecto combinado de las mayores tasas de inflación y la mayor caída del PIB del mundo. Desde 2021, los indicadores macroeconómicos han mostrado algunos signos de mejora, pero éstos varían de una región a otra y de un sector a otro. En 2023, se suavizaron las sanciones a la industria petrolera, lo que contribuyó a reactivar la economía. La crisis económica ha provocado una reducción drástica de la publicidad del Estado, cuyos criterios de distribución son opacos y arbitrarios, lo que favorece a los medios afines al gobierno. Para recibir el “maná financiero”, los medios tienen que aceptar la difusión gratuita de los mensajes del gobierno.

La sociedad venezolana atraviesa una crisis generalizada que ha degradado sus condiciones de vida. Como consecuencia de la recesión económica que asola el país desde hace cinco años, millones de ciudadanos han emigrado a países vecinos. Se estima que un cuarto de la población ha dejado Venezuela a lo largo de los últimos años, especialmente las personas jóvenes en edad de trabajar.

En Venezuela, el periodismo se desenvuelve en un clima de restricciones. Es habitual que los reporteros sean golpeados o amenazados en el ejercicio de su labor, cuando hay conflictos políticos o en períodos electorales. La Fiscalía General  y el Defensor del Pueblo están bajo control de Maduro, por lo que no contribuyen a garantizar la seguridad de los periodistas, y los actos de violencia física o verbal que padecen rara vez son objeto de una investigación.