Desde que Timor Oriental se independizó, en 2002, ningún periodista ha sido encarcelado por su trabajo. Los artículos 40 y 41 de la Constitución garantizan la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, en este país de poco más de un millón de habitantes, los periodistas no están a salvo de amenazas y sufren presiones que les impiden ejercer libremente su oficio: se enfrentan a la violencia policial, a procesos judiciales empleados como una forma de intimidación y los miembros del gobierno o los parlamentarios desacreditan en público a los medios de comunicación. En 2020, el clero católico, muy poderoso en el territorio, lanzó uno de los ataques contra la prensa: un obispo cargó violentamente contra dos medios de comunicación que habían publicado una investigación sobre un sacerdote estadounidense acusado de agresión sexual a una menor. El Consejo de Prensa, creado en 2015, desempeña un papel activo en la solución de los conflictos en los que hay periodistas involucrados y trabaja en estrecha colaboración con los centros universitarios para proporcionar a los aspirantes a periodistas una sólida formación ética. Pero la Ley de Medios de Comunicación, adoptada en 2014 a pesar de las advertencias de la comunidad internacional, es como una espada de Damocles para los periodistas y una herramienta para promover la autocensura. A principios de 2020 se presentó un proyecto de ley que tipificaba como delito la difamación contra representantes del Estado o de la Iglesia católica y preveía penas de tres años de prisión. Ante el clamor generado en la sociedad civil, afortunadamente, dicho proyecto fue descartado.